JUSTICIA ON LINE
Por HIJOS La Plata
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Este martes 27 de octubre, al cumplirse exactos 44 años de la primera desaparición forzada de Jorge Julio López, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dio inicio al debate oral por los crímenes cometidos en los CCD Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y “El Infierno”. Con 18 imputados (16 de ellos asistiendo al juicio con domiciliaria y por zoom) y por unas 500 víctimas, las causas Nº 3399, 737, 605 y 189 llegan a debate con años de demora procesal y a más de 4 décadas de producidos los hechos en lo que será uno de los juicios más importantes del denominado “Circuito Camps”.
La primera jornada del debate por los crímenes cometidos en los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) “Pozo de Banfield”, “Pozo de Quilmes” e “Infierno” tuvo todos los elementos que vienen reflejando los juicios de lesa humanidad en pandemia. Todas las partes asistieron al debate por la plataforma zoom, e una igualdad visual y discursiva bastante extraña que mostró a jueces, fiscales, abogados de las querellas, defensores y a los propios genocidas en una reunión virtual
Con media hora de retraso y tras presentar a las partes y chequear la conectividad de los represores, que en su mayoría siguieron la audiencia desde la comodidad de la prisión domiciliaria, el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, el juez subrogante Ricardo Basílico, arrancó la jornada con aclaraciones varias: afirmó que la conducción del debate se irá alternando con los jueces Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers, recordó que el represor Ricardo Armando Fernández esta dispensado de asistir a la audiencia por razones de salud, aunque no así el genocida Miguel Ángel Ferreyro, e informó que las jornadas del juicio serán mixtas entre la virtualidad y lo presencial, en este último caso siempre que así lo permita la evolución de la pandemia. Dijo además que el debate se podrá seguir por el canal del poder judicial, CIJ, aunque la transmisión allí nunca se realizó, y por el medio popular La Retaguardia. Definió que de aquí a fin de año habrá varias audiencias que incluirán la lectura de un resumen del requerimiento fiscal de elevación a juicio, las indagatorias a los represores, la exhibición en video de los testimonios de las sobrevivientes ya fallecidas Adriana Calvo, Nilda Eloy y Cristina Gioglio, como una manera de representar los horrores vividos en los tres centros de muerte que se están juzgando. Según se afirmó también se dará lugar a algunos testigos de concepto, como los miembros del EAAF, y algunos testimonios por vía remota de sobrevivientes o familiares que vivan en el exterior o prefieran esa modalidad.
A continuación el secretario tribunal dio lectura por más de tres horas a la acusación fiscal en las cuatro causas por los tres lugres de muerte que conforman el juicio.
TRES LUGARES DE MUERTE
En principio se hizo una reseña del funcionamiento del “Pozo de Banfield”, la Brigada de Investigaciones de esa localidad que funcionó en calle Vernet N° 1276, esquina Siciliano, en el partido de Lomas de Zamora. Por allí pasaron más de 300 personas entre los años ’74 y ’78. En el expediente por este CCD, que se elevó en dos tramos distintos, hay imputados 5 policías bonaerenses, incluido el Director General de Investigaciones Miguel Osvaldo Etchecolatz y el médico policial Jorge Antonio Bergés, 10 integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, el jefe del Regimiento 3 de La Tablada, Federico Minicucci y el ministro de Gobierno Jaime Smart, imputados por unas 253 víctimas, entre ellos 14 casos de los años ’74 y ‘75.
En la acusación se reseñó que Banfield funcionó como sede de la división Delitos Contra la Propiedad, dependiente de la Dirección General de Investigaciones de La Bonaerense. Pero en enero del año ’77 se sumaron dependencias a la misma sede, como la Sección Custodia y Traslado de Detenidos del área de Seguridad, y la de Seguridad Personal del ámbito de Investigaciones. En definitiva se ubicó allí una importante sede con personal de las tres principales áreas policiales, Investigaciones, Seguridad e Informaciones, que ganaron allí reparticiones que en conjunto formaban la Dirección Zona Metropolitana, que regenteaban las 6 Brigadas de Investigaciones y las 6 Unidades Regionales y las dependencias de inteligencia policial en todo el conurbano. Ya en el esquema represivo militar-policial Banfield era parte del “Circuito Camps”, los más de 33 CCD de los partidos del conurbano sur, a su vez dependiente del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, en la Zona 1, subzona 11 y área 112. Las principales dependencias militares del esquema fueron la Brigada Mecanizada 10 en el área operaciones y el Destacamento 101 en la de inteligencia, ambas con sede en La Plata.
El resumen de la acusación fiscal incluyó una descripción del edificio y los distintos sectores de celdas, calabozos y sala de tortura de Banfield, las inspecciones oculares realizadas donde varios sobrevivientes reconocieron los lugares, y se lo definió como lugar de “recepción y permanencia” porque allí eran llevados detenidos desaparecidos de otras localidades del Circuito como La Plata, Capital y zona norte Conurbano que luego eran derivados a otros lugares o desaparecidos.
Además se detalló la mecánica de funcionamiento de la maternidad clandestina y las apropiaciones en los 8 casos de sustracción, retención y ocultamiento de menores que se juzgan. La lectura del desgarrador relato del parto de la sobreviviente e integrante de la AEDD Adriana Calvo en auto policial mientras era trasladada de Comisaría 5ta de La Plata a Banfield, asistido por el médico policial Jorge Bergés, fue uno de los momentos de mayor crudeza de la audiencia.
Por los hechos de Banfield se instruyeron dos causas distintas. Por un lado la 3399 elevada en marzo de 2012con imputaciones a Etchecolatz, Bergés, Juan Miguel Wolk, alias “Patón”, jefe de Delitos Contra la Propiedad y luego de la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana, es decir del Pozo en su conjunto; Raúl Carlos Rodríguez, subjefe de la Dirección de Seguridad “Zona Metropolitana”; y el ministro de Gobierno Jaime Lamont Smart. En ese expediente murieron impunes el militar gobernador bonaerense de facto Ibérico Saint Jean, el subjefe de La Bonaerense Rodolfo Aníbal Campos y el Director de Investigaciones que precedió a Etchecolatz, Ignacio Oscar García. Por otro lado se elevó en 2017 la causa737 con imputaciones a los integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 Antonio Simón, Guillermo Domínguez Matheu, Carlos Fontana, Carlos Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Carlos Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Ricardo Fernández, Anselmo Palavezatti . En este expediente, en el que murieron impunes o fueron apartados otros 9 represores, también se imputa al segundo jefe de Delitos Contra la Propiedad Enrique Augusto Barré. Y en 2018 se elevó otro tramo contra el represor del 101 Julio Candioti que había estado prófugo y con ello venía eludiendo los avances de las causas en su contra. La fiscalía acusa a todos ellos por un total de 253 casos entre privaciones de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios, violaciones y apropiación de niños.
En la continuidad de la audiencia se reseñó la información referida al “Pozo de Quilmes”, la Brigada de Investigaciones de esa localidad, que funcionó en un chalet de dos plantas en la esquina de Alison Bell y Garibaldi. Por este CCD hay imputados 5 policías bonaerenses, incluidos Etchecolatz y el jefe de la Brigada Lucas Belich, 8 integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y de otras reparticiones militares y el ministro de Gobierno Jaime Smart. Todos ellos por unas 181 víctimas.
El resumen de la acusación fiscal recordó que la Brigada de Quilmes fue creada en 1963 y que, al igual que Banfield, en enero del ‘77 cambió la organización de la estructura policial y pasó a depender del área de Investigaciones metropolitana que regenteaba Wolk. En este sentido se diferenciaron tres etapas en el CCDTyE: la primera hasta enero del ’77, las segunda con mayor presencia militar y hasta enero del ’79 y una tercera durante el año ’79 con traslados de detenidos desde el CCD “Olimpo”. Se destacó la presencia de oficiales del Batallón de Arsenales 601 Domingo Viejo Bueno de Monte Chingolo en el lugar, la relación existente entre la Brigada de Quilmes y la de Lanús, una maniobra de traslado masivo de oficiales de la primera a la segunda para ocultar la actividad represiva llevada a cabo en Quilmes y la presencia en esta última de oficiales de inteligencia del Ejército uruguayo interrogando a un grupo numeroso de detenidos de esa nacionalidad, muestra de la operatividad concreta de lo que hoy conocemos como “Plan Cóndor”. Se describieron los dos edificios que conformaban el campo y los reconocimientos hechos por los sobrevivientes Alcides Chiesa y Rubén Schell y Alberto Maly y el régimen de torturas y violencia sexual que se sufría en el lugar.
En este expediente la fiscalía imputa a 11 represores por 181 víctimas, muchos de ellos los mismos que en la causa Banfield, agregándose el jefe del Batallón de Monte Chingolo y sede del Área represiva 111 a la que pertenecía Quilmes, Eduardo Samuel De Lío. En este expediente también murieron impunes varios militares y policías, entre ellos Lucas Gumersindo Belich, jefe de la Brigada de Quilmes entre julio y diciembre del ’76. Aquí la acusación incluye la sustracción, retención y ocultamiento de Guillermo José Sosa, que con 8 años de edad fue secuestrado y estuvo 6 días en Quilmes en febrero del ’77 con su madre Nélida (desaparecida) y sus cuatro hermanos mayores.
Vale decir que la fiscalía imputa en todos los delitos de Banfield y Quilmes como delitos de Lesa Humanidad y por el delito internacional de Genocidio concurrente o alternativamente, esto es, se pone a criterio del tribunal la posibilidad de condenar al Genocidio ocurrido en nuestro país como lo que efectivamente fue.
La lectura de las imputaciones por le hechos de Banfield y Quilmes fue interrumpida por una nueva miss en scene del represor Etchecolatz que se retiró de la sala del penal donde cumple múltiples condenas, lo que obligó a detener el debate, alegó que estaba descompuesto, obligó al tribunal a apurar la lectura de las acusaciones en su contra para luego liberarlo de estar presente, aunque se quedó y se puso a charlar animadamente con su reo y camarada Jorge Di Pasquale. Además el incidente generó una catarata de pedidos de los otros represores para acelerar el trámite y ser liberados de la obligación de estar presentes y atender a lo que se dice, petición que fue rechazada porque desvirtuaría lo acordado por las partes respecto al acto de enrostrar a los genocidas las imputaciones.
Finalmente se dio lectura a la acusación fiscal por los delitos cometidos en el CCDTyE “El infierno”, la Brigada de Investigaciones de Lanús que funcionó en pleno centro de Avellaneda, en la calle 12 de octubre N°234, donde hoy funciona un Espacio Municipal de la Memoria. Por el lugar, sede de la Unidad Regional II de la Brigada de Investigaciones de Lanús (URIIBIL), pasaron más de 64 personas entre julio del ’76 y noviembre del ‘78. La causa se inició con el testimonio de la compañera Nilda Eloy de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, denunciando haber sobrevivido a la privación ilegal de la libertad, torturas y delitos sexuales. De hecho el desglose del relato de las vejaciones sexuales sufridas por Nilda y su vivencia del fallecimiento de un detenido cuyo cadáver fue abandonado en la celda por dos días fue otro de los momentos de mayor emoción de la audiencia. En este expediente, numerado como 189, son imputados Etchecolatz (acusado por 61 hechos), Smart (62 hechos), Wolk (30 hechos) y el cabo de guardia de la Brigada Miguel Ángel Ferreyro (acusado por 40 casos de secuestros y torturas). En este caso la fiscalía sólo se tomó el trabajo de acusar a los tres represores de mayor jerarquía por el homicidio de Luis Adolfo Jaramillo, pese a que en el caso de José Rizzo sus restos fueron identificados por el EAAF en 2009 y el requerimiento fiscal se realizó en 2015, lo cual será motivo del pedido de ampliación de la acusación durante el debate. Además no se leyó la acusación por delitos sexuales que pesa sobre el represor Ferreyro.
VIRTUALIDADES
Sobre el final de esta primera audiencia el abogado defensor del represor Miguel Ángel Ferreyro, Ezequiel Barreiro, insistió con un pedido para dispensar al genocida de su presencia en el debate virtual. Dijo que es “discapacitado, tiene patologías vasculares, fallas de coordinación, afectación cardíaca y hemiplegia”.El planteo fue rechazado por el tribunal, ya que restan realizarse pericias físicas y psicológicas sobre el reo para determinar tales extremos. A Ferreyro se lo vio atento y dispuesto en el zoom desde su casa ubicada en calle 24 esquina 466 s/n° (ex 25 esq. 10) de City Bell. Las audiencias virtuales con los represores con domiciliaria plantean un dilema conceptual con momentos realmente surrealistas. En La Plata esta situación ya se venía presentando desde antes de la pandemia, con los represores por videoconferencia en el juicio por la Brigada de San Justo iniciado en agosto de 2018. En ese caso por lo menos se los obligaba a ir a Tribunales para guardar la virtualidad del acto. En este las condiciones son mucho más laxas y ni siquiera se los obliga a prestar atención. De hecho en esta audiencia se pudo ver dormitando plácidamente al represor Samuel De Lío, bostezando reiteradamente al imputado Jaime Smart y hasta se escuchó retar a su perrita al genocida Federico Minicucci.
Para finalizar el juez Basílico dio por cerrada la audiencia inicial y convocó a las partes a una nueva jornada el martes 3 de noviembre a las 10 horas para iniciar las indagatorias de los 18 represores imputados.
El debate virtual que nos espera, por lo menos en estas primeras audiencias para un juicio que durará varios años, es signo de la justicia on line que el Estado nos ofrece para intentar reparar el Genocidio cometido hace más de cuatro décadas.
