22 DICIEMBRE 2020: NOVENA AUDIENCIA

SECUESTRAR Y TORTURAR PARA ROBAR

Con las testimoniales de concepto del periodista Horacio Verbistky, que rememoró una nota suya de 1991 donde investigó la represión en la fábrica de calefones y termo tanques SAIAR de Quilmes – donde la dictadura secuestró a 12 operarios, 2 de los cuales fueron desaparecidos y asesinados-, y del investigador Bruno Nápoli, quien desarrolló el rol de la Comisión Nacional de Valores en el secuestro, torturas y desapoderamiento de empresarios, banqueros y financistas, continuó el debate por las tres principales Brigadas de Investigaciones de la Bonaerense de Camps. La dictadura secuestró, torturó y asesinó para robar a una escala que aún no ha sido debidamente investigada y sancionada.

Por HIJOS La Plata

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EL INFIERNO DE SAIAR

La anteúltima audiencia de 2020 en el juicio por las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y Lanús (Avellaneda) comenzó con la exposición del periodista kirchnerista HORACIO VERBITSKY, quien fue convocado por haber publicado en 1991 en Página 12 una nota sobre la represión de los obreros de SAIAR, con una investigación realizada un años después de la identificación de los restos del obrero Luis Jaramillo, desaparecido de esa fábrica en noviembre del ’76, visto en el CCD “Infierno”, inhumado como NN en el Cementerio de Avellaneda e identificado por el EAAF hace 30 años. Verbitsky señaló que para realizar la investigación consultó varios documentos y fuentes como ex trabajadores, la familia de Jaramillo y hasta un ex gerente de la empresa. Dijo que la nota destacaba que tanto Jaramillo como la familia de Federico Zorraquín, socia del grupo Garovaglio y juntos impulsores locales de la firma norteamericana Rheem, eran de origen chileno. Pero que el verdadero paralelo en la nota fue entre la represión dictatorial y la producción de cambios de fondo en proceso económico argentino. 

Sobre Jaramillo el periodista realizó una semblanza al afirmar que “no era delegado ni militante político, pero tenía mucha influencia en sus compañeros. Era una persona muy formada, muy culta, estudiaba relojería, medicina y música. Él tenía más de 40 años y su sector los trabajadores eran mucho más jóvenes. Se preocupaba mucho por defender la dignidad de los trabajadores ante las políticas de la empresa”. Destacó que “trabajaba en lugar de ensamble de 2 líneas de producción distintas y se quejaba del ritmo, y que si no se bajaba el ritmo había riesgo de mal ensamble y que los termo tanques fueran defectuosos. Por eso enfureció al gerente Martínez Riviere y fue otro de los despedidos”. Los secuestros de operarios de SAIAR comenzaron en mayo del ’76 y continuaron durante todo el año. Las mayoría de las detenciones ilegales se produjeron en un edificio que la fábrica había destinado a los obreros, ubicado en Corrientes y Urquiza, Quilmes.

En su testimonial en Juicio por la Verdad de junio de 2003 el sobreviviente y ex operario de SAIAR Raúl Horacio Codesal reconoció al teniente coronel Guillermo Antonio Minicucci –por entonces ya fallecido- como uno de sus torturadores en el centro clandestino "El Banco" en junio del ’76 y como uno de los militares que frecuentemente concurrían a la fábrica para reunirse con el gerente general de relaciones laborales, Juan Manuel Martínez Riviere. Minicucci es un represor distinto al imputado en esta causa Federico Minicucci, teniente coronel jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada entre octubre del ‘75 y diciembre del ’77, que en ese caso está procesado por más de 200 secuestros y tormentos, 4 homicidios, 2 violaciones y 5 apropiaciones ourridos en el “Pozo de Banfield”. Aun así la presencia de Guillermo Minicucci en las instalaciones de SAIAR viene a confirmar el aceitado esquema represivo que se vivía en las plantas fabriles en dictadura y reafirma la total connivencia de los empresarios líderes del país con el genocidio.

"El día del golpe el Ejército ingresó en SAIAR. Los militares estuvieron reunidos con Martínez Riviere. El jefe era rubio, de ojos celestes. Fue el que luego me hizo las preguntas en la sala de torturas (en la picana). Lo vi desde abajo de la bolsa que tenía en la cabeza, lo reconocí entre el humo y reconocí su voz, mientras yo estaba atado de pies y manos. Si tuviéramos una foto les digo: 'es ese'", dijo Codesal en 2003 ante los jueces Leopoldo Schiffrin y Julio Reboredo, que le hicieron exhibir el álbum de fotos de represores. "¡Así se llamaba. Ya va a pagar!", gritó el sobreviviente al ver la foto de Minicucci, sindicado en el libro "Culpables para la sociedad" como el jefe del centro clandestino "El Banco".

Sobre el gerente Juan Manuel Martínez Riviere, Codesal dijo que era "un personaje ejemplar de SAIAR. Fue contratado seis meses antes del golpe para destrozar y perseguir. Quería que hiciéramos la vista gorda a las malas condiciones laborales. Como nos negamos, comenzó la persecución".

Codesal fue secuestrado en su casa de Quilmes en junio del ’76, fue llevado a la Brigada de Quilmes unas horas, luego al “Pozo de Banfield” por dos semanas, luego 3 días en "El Banco" y de regreso a Banfield hasta mediados de julio de aquel año. Luego pasó por la comisaría 2° de Lanús hasta fin de agosto del ’76, a Devoto y a la Unidad 9 hasta mayo del ‘79. Allí fue interrogado "ideológicamente" por el coronel Carlos Sánchez Toranzo. En la cárcel, Codesal firmó la renuncia a SAIAR porque, según afirmó ante la Cámara Federal platense "le dijeron a mi esposa que lo hiciera".

Minicucci actuó bajo el apodo de “Rolando”, en los ’80 estuvo procesado por más de 105 delitos y fue amnistiado con las leyes de impunidad. Según Verbitsky “dirigió al represión en la fábrica. Era un hombre especializado en la racionalización de personal, lo había hecho antes y lo hizo después en otras empresas. Después de la dictadura la empresa lo sacó del país ante las denuncias que comenzaron a circular sobre su accionar”. El periodista del Cohete a la Luna señaló que tanto el militar como la gerencia amenazaban a los trabajadores hasta límites y recordó el episodio con un obrero italiano al cual Martínez Riviere llamó para exigirle “se corta la barba”, y aunque el trabajador cumplió la coacción lo despidió igual.

Verbistky contó que pudo entrevistar a Martínez Riviere, al que curiosamente definió como “una personalidad escindida, un hombre de dos mundos, porque era un gerente muy comprometido con la política de la empresa, pero a la vez con mucha simpatía por mundo laboral”. Agregó que le contó que en el año ’75 se hizo una reunión entre un grupo de empresarios bonaerense citado en la sede del Comando del Ejército y en una sala con mesa grande y luces bajas, donde los militares pidieron que s eles suministraran datos para la represión. Allí se acordó que cada empresa entregaría al área y zona represivas datos de los principales activistas gremiales. 

Además el periodista analizó que si bien el despido era por entonces una medida arbitraria, en verdad se usaba para encubrir el secuestro de la persona y la captura del botín de guerra: citaban a los trabajadores despedidos a la empresa para cobrar el cheque y lo llevaban a ser secuestrado. Fue lo que sucedió con Jaramillo, a quien siguieron autos operativos desde la fábrica que luego lo secuestraron. Cuando familia averiguaba le decían “ya cobró” y se robaban la indemnización. “Así funciono el sistema con complicidad activa de la empresa”, dijo Verbitsky.

Preguntado sobre otros detalles de su investigación, Verbistky dijo no recordar mucho más y se remitió al texto original de la nota. El artículo sobre los crímenes de Saiar, titulado “Vale todo”, fue publicado en Página 12 el 5 de mayo de 1991, y 29 años después recién se comienzan a desentrañar los delitos del grupo Garovaglio - Zorraquín que por los favores ofrecidos a la dictadura recibió 340 millones de dólares, y fue el décimo responsable del endeudamiento externo privado" durante los años de plomo.

LA CUEVA DE LA CNV

La audiencia continuó con una extensa y esmerada exposición del historiador BRUNO NÁPOLI, autor del volumen “La dictadura del Capital financiero, el golpe militar corporativo y la trama bursátil”, en conjunto con Celeste Perosino y Walter Bosisio. El especialista ayudó a comprender la trama que hubo detrás de la represión financiera desplegada por la dictadura militar con el secuestro y torturas a 143 empresarios y financistas que fueron desapoderados de sus bienes, 11 de los cuales se encuentran desaparecidos. 

Varios de ellos son caso en este debate por haber sido confinados en los CCD de las Brigadas de Banfield, Quilmes y Lanús-Avellaneda, como ser Martín Aberg Cobo, Ricardo Bertoldi, Gustavo Caraballo, Alberto José Choren, Oscar Corradini, Ernesto De Estrada, Rodolfo Deza, Juan Ricardo Elizondo, Silvia Fanjul, Lidia Gesualdi, Juan Graiver, Flora Gurevich, los hermanos Rodolfo, Alejandro y Carlos Iaccarino, Rafael Ianover, Juan María Magdalena Juan de Troncelliti, Eduardo Kimlat, Lidia Papaleo, Luis y Benjamín Taub y Valentín Surpín. Todos ellos fueron sobrevivientes, salvo el caso de Juan Elizondo que fue asesinado en cautiverio en el “Pozo de Banfield” en febrero del ’78.

Nápoli señaló que su trabajo se centró en investigar sobre el paralelo que existe entre las leyes económicas y las leyes de seguridad nacional, elemento que estableció las pautas de la represión política en nuestro país en los últimos 50 años. Así destacó un informe de la Comisión Nacional de Valores sobre sistema financiero en dictadura, al que definió como una temática que tardó mucho en estudiarse como materia específica y agregó que “a veces uno se pregunta por qué no se conoció antes este archivo habiendo tantas menciones del sistema financiero y de la Comisión de Valores. Y bueno, sigue siendo algo poco conocido en Argentina”. Contó que en 2011 el economista y ex presidente de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central, Alejandro Vanoli, creó una oficina para estudiar el archivo de la institución y su fruto fue un libro que se publicó en 2013 bajo el título “Economía, política y sistema financiero. La última dictadura cívico.militar en la CNV” (dedicado a la memoria de Gustavo Cortiñas, hijo de Nora Morales), que puede verse en 

https://apm.gov.ar/periplosdememorias/materiales/1-4/Documentos/EconomiPoliticaySistemaFianciero/INFORME_ECONOMIA_POLITICA_Y_SISTEM_FINANCIERO-DDHH.pdf

La Comisión Nacional de Valores es un organismo autárquico creado bajo la dictadura de Onganía que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y es el encargado de la promoción, supervisión y control del mercado de capitales para supuestamente fomentar el federalismo, la transparencia y la sustentabilidad de ahorro hacia la inversión.  Lejos de esa tarea, según Nápoli en dictadura el organismo “se dedicó a aportar información precisa a las fuerzas represivas como la Policía Bancaria de la Federal o el Ejército para secuestrar o desapoderar a empresarios, banqueros y financistas”.

Uno de los cuerpos legales centrales en el esquema de represión económica fue la Ley de Actividades Subversivas, donde se establecía lo que se denominó “subversión económica”, uno de las bases formales para armar causas penales truchas a operadores del sistema financiero.

El centro del esquema represivo financiero fue Juan Alfredo Etchebarne, presidente de la CNV por siete años, que está procesado en una causa ante el TOF 5 de Caba y deberá ir a juicio próximamente. El civil logró posponer el inicio del debate unas 10 veces y está procesado junto a Raúl Guglieminetti por 28 secuestros y tormentos de integrantes de los grupos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (industria siderúrgica). Este último caso fue el que Nápoli desarrolló para mostrar la relación de la CNV con agentes represivos: allí la supuesta verificación contable de la empresa coincidió temporalmente con intercambios de información entre la Comisión y el Ejército, que posibilitaron el secuestro de casi treinta personas ligadas al grupo Grassi en septiembre de 1978. Esto lo relacionó con la intervención de la CNV en Campo de Mayo en noviembre del ’78, ya que se designaron peritos del organismo para trabajar asesorando a los interrogadores de esas personas secuestradas un mes antes. 

Nápoli destacó la reestructuración que se dio en la CNV luego del golpe del ’76, lo que derivó en el control total de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones del organismo. Puntualizó que el ministro de economía de la dictadura José Alfredo Martinez de Hoz, era amigo de Etchebarne, y a la sazón presidente del Consejo Empresario Argentino y de la empresa siderúrgica ACINDAR de Villa Constitución, donde se practicó el genocidio desde el año ’74 en pleno tercer gobierno peronista y con la complicidad de la burocracia de la Unión Obrera Metalúrgica.

Así para Nápoli “la ocupación de los principales organismos financieros- Ministerio de economía, BCRA, BNA y CNV- es central para un plan sistemático de represión y de financiamiento de esa represión. Por esa razón, los funcionarios que dirigieron estas instituciones debían ser funcionales a esos objetivos”.

En el caso de la familia Taub, caso en la causa 13 del juicio a las Juntas en los ’80 y cuyas actividades en una casa de cambio no cotizaban en bolsa, en septiembre del ‘77 fueron secuestrados Luis Guillermo Taub y sus padres Flora Gurevich y Benjamín Froim Taub. Llevados primero dos semanas al “Pozo de Quilmes” y luego 5 meses al “Pozo de Banfield”, más un tiempo en el COT 1 de Martínez. Además se llevaron a los socios de la empresa como Surpin, Kimlat, Deza,  Juan da Troncheleti, Choren y empleados de seguridad de las financieras como Elizondo, Corradini y Horacio Carquio. La excusa de la tragedia que vivieron los Taub fue el supuesto manejo de dinero del movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, a raíz de que habían alojado en el hotel de su propiedad al senador uruguayo de izquierda exiliado Zelmar Michelini. 

Nápoli ha sintetizado con maestría los orígenes de la legislación represiva y sus ribetes económico-ideológicos en su artículo de 2018 “Desaparición y Deuda”, que puede verse en https://www.elcohetealaluna.com/desaparicion-y-deuda/

Allí afirma que “desde que Argentina entró al FMI en 1956, nunca se retiró; y cada préstamo fue acompañado por la sanción de leyes represivas que multiplicaron, como los intereses contraídos, la cantidad de detenidos, secuestrados y desaparecidos por razones políticas. En 1958, ‘Plan de Austeridad y Sacrificio’ fue el nombre de estas medidas” en el gobierno de Frondizi. Luego “la primera medida del dictador Juan Carlos Onganía fue retomar las negociaciones. Para esto ordenó la casa: en octubre de 1966 sancionó el Decreto-Ley N°16.970, que reemplazaba al CONINTES; establecía represión de cualquier actividad ‘contraria al Estado’, castigando no solo a quien se rebelase contra los ‘intereses nacionales’, sino también a quien no colaborase en la identificación de los ‘delincuentes’, además de facultar a las Fuerzas Armadas para tomar cualquier propiedad y disponer de ella como centro de operaciones represivas, entre tantas otras atribuciones punitorias. A los seis meses y con el patio ordenado se destrabaron los préstamos stand-by con cláusulas de control por parte del Fondo Monetario hacia las cuentas públicas argentinas, más duras que las acordadas por Frondizi”.

El profesor Nápoli reconstruyó y presentó en Powerpoint el esquema de funcionarios de la CNV, con el Comando del Primer Cuerpo del Ejército en el centro, rodeado de los grupos económicos perseguidos e investigados en función de la famosa Ley 20.840 de “Subversión económica” sancionada en el tercer gobierno peronista.

Un hecho trascendente hasta hoy como consecuenciade la represión económica fue para Nápoli el aumento exponencial de la deuda externa, que a finales del 83 rondaba los 45 mil millones de dólares, además del enriquecimiento de todos los grupos económicos aliados al poder militar: “gracias a este trabajo sistemático que hicieron, el sistema financiero tomar deuda en dólares y luego no devolverla, benefician a estos grupos económicos con los seguros de cambio”, sentenció el especialista.

Una reflexión final de la nota de Nápoli de 2018 ilustra casi inmejorablemente las consecuencias actuales, pese a la alternancia de gobiernos más o menos populistas y más o menos liberales, del proceso de secuestrar y matar para robar que puso en práctica la dictadura genocida: “(…) en estos 60 años los cuerpos sensibles al par mencionado, han soportado dos destinos excluyentes: la desaparición o la deuda. Y en la ‘segunda supervivencia’, los que no desaparecimos fuimos re-endeudados. La actual financierización de nuestros cuerpos (y por ende su novedosa politización) está dada en cada gesto cotidiano: la bancarización en todas sus formas, la compra electrónica, el préstamo personal inmediato, la carga en la SUBE como aporte a un fideicomiso del Banco Nación, la gestión crediticia —personal/prendaria/hipotecaria— duplicada en los dos últimos años, una expansión monetaria visible en los bancos (…) Aún hay dinero circulando en el sistema. Y esto no estalla cuando lo decidimos nosotros. Lo decide el capital. Y lo decide cuando los instrumentos financieros inventados no se condicen con el número de personas (número finito) para financierizar y las formas de la economía real”. 

El juicio continúa el martes 29/12 a las 11 hs. Se puede seguir en vivo por los canales youtube del CIJ y del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

15 DICIEMBRE 2020: OCTAVA AUDIENCIA

LA TRIPLE ALIANZA GENOCIDA

Con la exposición de la investigadora de Flacso Victoria Basualdo, que explicó la complicidad empresarial en el genocidio con detalles expresos sobre las desapariciones de obreros de las firmas Mercedez Benz, Peugeot, Molinos, Saiar y Astillero Río Santiago, entre otras, continuó el debate por las tres principales Brigadas de Investigaciones de la Bonaerense de Camps. El accionar coordinado de la triple alianza genocida representada por las fuerzas represivas, los empresarios y la burocracia sindical quedó expuesta con claridad como elemento disciplinador para frenar la organización independiente de los trabajadores industriales.

Por HIJOS La Plata

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La historia de la organización y lucha independiente de la clase obrera argentina en un proceso que va del Cordobazo de 1969 a la resistencia en la última dictadura genocida ha sido estudiado ampliamente por autores de izquierda como Pablo Pozzi, Patricia Berrotarán, Luis Brunetto, Ruth Werner y Facundo Aguirre en obras como “Estudios inconformistas sobre la clase obrera”, “Resistencia obrera a la dictadura”, “14.250 o paro nacional” e “Insurgencia obrera en Argentina 1969-1976”. En este caso en la audiencia se escuchó la extensa y detallada exposición de Victoria Basualdo, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y también en la unidad de investigación sobre lesa humanidad con motivación económica en la  Secretaría de DDHH Nación que conduce el niño Horacio Pietragalla. Licenciada en historia en UBA y doctorada en Columbia, Basualdo realizó la tesis doctoral referida a formas de organización del movimiento obrero industrial entre los ’50 y los ’80, especialmente en la industria siderúrgica y textil. Publicó “Complicidad patronal…”, que puede leerse en 

https://flacso.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/Responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidad-I.pdf

http://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/10/Responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidad-T2.pdf

Basualdo dejó en claro su intención de pensar a la dictadura no sólo como un proceso represivo sino también como un momento de transformación social y económico del país en las últimas décadas. De allí la importancia de estudiar el rol de empresas y empresarios en la persecución a trabajadores y sindicalistas combativos desde antes del golpe de marzo del ’76. La testigo citó como base de su exposición el trabajo de más de mil páginas titulado  “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, publicado por Flacso, el CELS y la Universidad de Misiones en 2015, y donde se estudian 25 casos en 6 regiones del país: en el norte los ingenios de la industria del azúcar ingenios y la empresa de transporte  La Veloz del norte, en el centro-sur bonaerense la cementera Loma Negra de Olavarría, en el conurbano norte las firmas Acindar, Ford y Mercedes Benz, y, en lo que interesa especialmente para este proceso, lo referido al conurbano sur con las expericnias del Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, Petroquímica Sudamericana, Swift y Molinos Río de LA Plata. En verdad hubo también muchas otras empresas pequeñas y medianas donde la patronal colaboró con la persecución, secuestro y desaparición de sus trabajadores, como las textiles Alpargatas y Selene, Aceros Pitsburg, las vidrieras Rigoleau y Birmania, varias líneas de colectivos, la fábrica Manina S.A., la agencia de fletes La Estrella y la papelera Massud.

A decir verdad mucho se ha dicho y poco se ha trabajado la voluntad de querellar, juzgar y condenar la responsabilidad empresarial en el genocidio. En algunos casos excepcionales como los del empresario azucarero jujeño Carlos Blaquier del Ingenio Ledesma, y del dueño de medios bonaerense de La Nueva Provincia Vicente Massot, se los ha procesado y luego apartado de las investigaciones por presión política o defección judicial. La excepción a la regla es el dueño de la empresa de transporte salteña La Veloz del Norte Marcos Jacobo Levín, quien fue procesado en 2 causas, condenado a 12 años en 2016 en una de ellas por el caso de un chofer y delegado de la UTA, y luego recientemente vuelto a procesar como instigador de los secuestros y torturas sufridas por 17 de sus empleados.

La investigadora destacó que en el trabajo relevado sobre 25 empresas en todo el país se detectaron 900 víctimas de la represión, de las cuales 65 fueron asesinadas, 450 sufrieron secuestros y torturas o exilio y 354 están desaparecidas. En ese accionar se detectó la reiteración de prácticas empresariales represivas que evidencian que en el 88% de los casos se dio el secuestro en lugar de trabajo, en el 76% la entrega datos privados a fuerzas represivas, pedidos de detención de obreros realizados directamente por la empresa, además de aportes económicos a la represión y el uso de vehículos oficiales de las empresas para los operativos de secuestro. Basualdo definió la relación entre empresarios y represores “no como de instigación ideológica, sino como un involucramiento directo en la tarea represiva”. Así describió lo que aún existe en la memoria cruda de ex obreros de los ’70: el despliegue de las Fuerzas Armadas con personal y móviles en las plantas fabriles, la transformación de una lógica de control productiva fordista en un espacio militarizado y hasta la existencia de centros clandestinos dentro del predio de varias empresas. “No hubo complicidad, sino responsabilidad concreta”, sentenció Victoria Basualdo.

CINCO EJEMPLOS

Para comenzar el detalle de casos Basualdo expuso sobre la MERCEDES-BENZ ARGENTINA, filial de la multinacional alemana Daimler Benz instalada en 1951 primero en San Martín y después en González Catán, empresa que producía motores, camiones, combis, camionetas, unimogs y que para mediados de los ’60 era una de las 20 empresas de mayores ventas en el país y concentraba el 90% del mercado local de autobuses.

Con 4 mil empleados en su mayor auge y salarios que superaban el promedio en toda la industria, la empresa incrementó su producción al 100 % entre el ’68 y el ’71.

Según Basualdo la Mercedez Benz tuvo 17 trabajadores víctimas directas de la represión, 15 desaparecidos, y todos ellos militantes sindicales.

En lo que importa a este juicio, la represión en Mercedez Benz se cobró las desapariciones de Víctor Hugo Ventura y Esteban Alfredo Reimer, ambos delegados de la comisión interna de Mercedes Benz secuestrados el 5 de enero del ’77 y vistos en el CCD “Infierno” entre ese día y el 15 de febrero del mismo año por el sobreviviente Adolfo Manuel Paz, que compartió cautiverio con los obreros.

La esposa de Reimer, María Ramos, declaró en el Juicio por la Verdad en agosto de 2000 y contó que a mediados de los ’70 había una creciente organización obrera en la fábrica y que su esposo y Ventura formaban parte del llamado “Grupo de los 9”, en referencia al grupo de delegados por sección que levantaba todas las reivindicaciones de la base y tenía una confrontación directa con la conducción del gremio en cabeza de del Sindicato de Mecánicos y afines del Transporte automotor (SMATA). Agregó que a raíz de una serie de despidos se generó un proceso de lucha por la reincorporación, que fue respondido con el cese de la relación laboral del “Grupo de los 9” y la puesta en disponibilidad de otros 400 obreros. Con ello se llegó a un plan de lucha con huelga y toma de instalaciones que hizo que la empresa aceitara el esquema represivo y descabezara al sector sindical combativo.

En el Juicio por la Verdad también declararon los gerentes de personal y de producción de la fábrica, Juan Ronaldo Tasselkraut y Arnaldo Ceriani. Al ser consultado sobre la relación entre la disminución del conflicto en la fábrica, el aumento de la productividad y la desaparición de obreros y militantes, Tasselkraut respondió: “Y... Milagros no hay”. La frase dio marco al trabajo de la periodista alemana Gabriela Weber en el libro “Los desaparecidos de Mercedes Benz” y documental “Milagros no hay”, donde demuestra de manera contundente las relaciones entre el gobierno, la burocracia sindical del SMATA y la cúpula de la empresa. En octubre del ’75 Carlos Ruckauf había firmado como Ministro de Trabajo, junto al gabinete en pleno del gobierno de ItaloLuder-María Estela Martínez,el decreto de “aniquilamiento de la subversión en los centros industriales”, que creó el Consejo de Seguridad Interior como antesala del esquema represivo de la dictadura.

Basualdo definió el caso como muy estudiado, ya que desde Conadep y  el Juicio a las Juntas aparecieron testimonios sobre la represión en Mercedes Benz, pero señaló que recién desde los Juicios por la Verdad comenzó a profundizarse en lo sucedido. La causa por delitos de lesa humanidad den Mercedes Benz se inició en 2002 y desde 2019 está en curso en San Martín el debate por una parte de los crímenes de la empresa juzgados en un tramo de la causa Campo de Mayo. Además hay una investigación en el juzgado de Alicia Vence sobre la responsabilidad de directivos de la empresa, la cúpula del SMATA y funcionarios civiles de la dictadura. 

Basualdo señaló que a consecuencia del accionar represivo, la situación en la fábrica comenzó a alterarse significativamente ya desde fines de 1975. El SMATA, conducido por José Rodríguez, había firmado un convenio con las empresas automotrices, que entró en vigencia en Mercedes Benz el 21 de julio del ‘75, estableciendo que el 1% del precio de venta de cada vehículo se dedicaría a la formación de un fondo extraordinario para la “erradicación de elementos negativos” de la fábrica. Este fondo sería administrado por la dirección de SMATA sin auditoría alguna, a cambio de que la propia entidad supuestamente representativa de los trabajadores se encargara ella misma de garantizar su represión efectiva. Luego del golpe militar de 1976 se sucedieron los secuestros de trabajadores y activistas en la planta.

La historiadora de Falcso explicó que de los diecisiete trabajadores de Mercedes Benz Argentina que fueron secuestrados durante la última dictadura, sólo tres volvieron a aparecer. Juan José Martín, Héctor Aníbal Ratto y Alfredo Martín. El primero fue detenido en su puesto de trabajo en la sección de bielas en abril de 1976 en la fábrica Mercedes Benz, encarcelado y torturado en la comisaría de San Justo, para ser finalmente liberado diecinueve días después. Ratto fue secuestrado en agosto de 1977 también en la fábrica por un grupo armado perteneciente al Ejército Argentino, permaneció en cautiverio clandestino y bajo tortura en la Comisaría de Ramos Mejía y en Campo de Mayo, recuperando la libertad en marzo de 1979). Un tercer sobreviviente es Alfredo Martín, un supervisor de la planta que fue detenido en diciembre de 1976, torturado por Rubén Lavallén en la comisaría de San Justo y liberado horas después. El caso del genocida y apropiador Rubén Luis Lavallén, apropiador de la hija de desaparecidos Paula Logares-Grinspon, ilustra la profundidad de la relación de la empresa con las fuerzas represivas. Lavallén estuvo a cargo durante los primeros años de la dictadura del comando de la Brigada de Investigaciones de San Justo, sede de un centro clandestino de detención. Fue positivamente identificado por la esposa del obrero de Mercedes Benz, Alberto Gigena, como uno de los secuestradores de su esposo, quien nunca volvió a aparecer. Con esta foja de servicios, Lavallén fue contratado por Mercedes Benz en 1978 como encargado de la seguridad y vigilancia de la planta de González Catán. Un dato no menor es que Mercedes-Benz tenía como principal cliente al Ejército Argentino, quien compraba a la firma los camiones Unimog. De acuerdo a información proporcionada por personal gerencial de la empresa, la empresa donó, como parte de sus atenciones al ejército, equipamiento obstétrico para ser utilizado en Campo de Mayo. Las únicas instalaciones de obstetricia presentes en dicha dependencia militar eran ilegales y fueron montadas para llevar a cabo los partos clandestinos de mujeres desaparecidas.

La utilidad de estas prácticas represivas se hizo patente al cesar abruptamente los reclamos en torno a la democracia sindical y las críticas a las estructuras sindicales existentes; acompañando a ello la imposición de condiciones laborales y ritmos de producción deseados por la dirección de la empresa. Las prácticas de recorte de plantel, aumento incesante de los ritmos de producción, entre otras, son prácticas habituales para el empresariado, pero habían sido limitadas y eliminadas debido a la creciente organización del movimiento obrero y a la sanción de leyes protectoras de los derechos conquistados por este. Solo bajo la nueva relación de fuerzas, cuyo puntal fue el terrorismo de Estado y la nueva “legalidad” impuesta, la situación cambió abruptamente.

La represión tuvo su efecto concreto en el terreno de las condiciones de trabajo y contratación. La empresa logró imponer los premios a la productividad largamente resistidos por los trabajadores, dispuso de la potestad para despedir empleados incluso por motivo de reclamos laborales, logró limitar estos a cuestiones netamente defensivas como el aumento de salarios acorde a la inflación y la reincorporación de personas despedidas e implementó un plan sistemático de reducción del personal. Finalmente, Mercedes-Benz aprovechó el terrorismo de Estado para obtener beneficios tanto en el orden productivo como en el orden de los negocios. Esencialmente la empresa participó del proceso de estatización de deudas privadas, transfiriendo obligaciones por 92 mil millones de dólares. 

Basualdo también desarrolló sobre el caso de MOLINOS RÍO DE LA PLATA, empresa del Grupo Bunge y Born fundada en 1902 con unas 12 filiales en todo el país y su planta principal ubicada en Avellaneda, dedicada a la producción de harinas y aceite comestible. Vinculada a la colonización agrícola del norte argentino llevado adelante por este grupo empresario, durante y después de la dictadura se convirtió en una de las empresas más grandes del país a partir de la adquisición de diversas marcas de alimentos, la tecnificación de sus plantas fabriles y la reducción de sus costos de producción. Con 4 mil empleados para 1980, un promedio del 20% de la facturación de la empresa provenía de la comercialización en el mercado externo de subproductos de la molienda de trigo y la elaboración de semillas oleaginosas que no eran absorbidos por el mercado local. Así uno de los objetivos trazados por la empresa fue aumentar ese porcentaje de exportaciones. Para ello la empresa tuvo 27 trabajadores víctimas de delitos de lesa humanidad; 21 se encuentran desaparecidas, 4 fueron asesinadas, una sobrevivió al operativo y una niña fue víctima de apropiación. 

La especialista de Flacso destacó el operativo del 7 de julio del ’76 donde varios integrantes de las fuerzas represivas ingresaron a la fábrica, retiraron las tarjetas de los delegados y secuestraron a un grupo de trabajadores previamente señalados por los directivos. Todas las víctimas tenían en común un fuerte protagonismo gremial y sindical. Bien sea como miembros de la comisión interna o como activistas, lideraron desde 1973 una serie de medidas de fuerza para exigirle a la empresa mejoras en las condiciones de trabajo. También formaron parte de sus reclamos el cumplimiento de las leyes de abastecimiento y control de precios del tercer gobierno peronista.

Durante la dictadura los directivos de la empresa fueron Carlos Alberto Jacobi, Luis María Matheu, Enrique Leonardo Zweegman, Ricardo Néstor Gastaldi, Osvaldo Rubén Rosato y Néstor Mario Rapanelli. La contratación era de dos tipos: formalizados y contratados por tres meses que al terminar el plazo eran echados y se renovaba masivamente el personal.El régimen laboral era “hasta que el capataz dijera que nos fuéramos”, sin final fijo de jornal, horas extra, baños, vestuarios ni ducha, y en la planta de Avellaneda ese conflicto se expresó en la lucha por tener el control del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera. En 1973 asume la conducción de la comisión interna de la planta la agrupación “17 de Octubre”, vinculada a la JTP- Montoneros y a cargo de Marco Augusto Vázquez, quien derrotó a la burocracia de la lista celeste. Ya en el tercer gobierno peronista la inteligencia policial, a través de la DIPPBA, tenía bien identificados a los delegados combativos, entre ellos Vázquez y Avelino Freitas, ambos desaparecidos. Desde el golpe militar varios trabajadores fueron secuestrados por horas y golpeados al interior de la planta por personal de seguridad.

Ante el hostigamiento varios de los obreros más activos renunciaron a su trabajo por miedo a que se tomaran represalias contra ellos. Finalmente ocurrió el secuestro de Avelino Freitas el 1 de julio del’76, cuando esperaba el colectivo para ir al trabajo. Una semana después se dio el secuestro masivo en la propia fábrica, con listas proporcionadas por la empresa y constatando la llegada del personal con las tarjetas de ingreso. Los trabajadores Santos Ojeda, Francisco Fernández y Roberto Rivolta fueron detenidos en ese operativo y hoy se encuentran desaparecidos. También fue secuestrado Fermín González quien, según los testimonios, pudo escapar arrojándose fuera del camión en el que iba. En la misma jornada del 7 de julio Ricardo Almaraz y su esposa fueron secuestrados en su domicilio.

En los meses siguientes a ese operativo se realizaron una serie de secuestros que incluyen a la comisión de delegados y activistas de la empresa. En lo que importa a este debate, en agosto de 1977 se produjeron los secuestros de Alfredo Patiño —apodado “Flaco Tito” y que todavía tenía un vínculo laboral con Molinos—  de Juan Omar Durante, de José Vega y René Albornoz, quienes ya habían dejado de trabajar en la empresa. Patiño, aún desaparecido, fue visto en el Pozo de Quilmes entre el 12 de noviembre del ’77 y el 21 de febrero del ’78 por los sobrevivientes Rubén Schell y Alcides Chiesa, entre otros.

Tiempo después se llevan a Carlos Robles y su esposa Martina Concepción Espinoza en la calle. Ambos fueron vistos en el Pozo de Quilmes entre mediados de noviembre del ’77 y comienzos de mayo del ’78 por los sobrevivientes Chiesa, Alberto Derman, Roberto Laporta, Alberto Lucero y los hermanos Favazza. Patiño y Robles habían trabajado y militado juntos en la Siat, empresa  del grupo Techint, antes de Molinos y la inteligencia militar lo sabía.  El 5 de diciembre del ’77 fue secuestrada Graciela Vitale, quien trabajaría en el área administrativa de la planta. Por último, en julio de 1978 fueron secuestrados Héctor Vidal y su esposa, Marta Inés Ávila, en el domicilio de la madre de Ávila.

Con todos estos trabajadores la empresa Molinos ocultó el fin del vínculo laboral para encubrir los secuestros. Pero según los libros de la propia empresa a partir del ejercicio con cierre en julio del ‘76, dejaron de soportar pérdidas por más de 51 millones de pesos a obtener ganancias en los dos períodos siguientes por más de 133 y 111 millones de pesos respectivamente. Hecha la tarea represiva se dedicaron a las ganancias extraordinarias.

En lo que respecta al ASTILLERO RÍO SANTIAGO y su planta de Ensenada, empresa estatal cuyos obreros tenían una gran actividad sindical y cuenta con una gran cantidad de víctimas de delitos de lesa humanidad (70 trabajadores), 24 de los cuales fueron secuestrados y liberados, 32 continúan desaparecidas y 13 obreros fueron asesinados, además de otros trabajadores que fueron perseguidos por su actividad sindical. Hay que tener en cuenta la interdependencia que la fábrica tenía respecto a la Armada, ya que las instalaciones y las dependencias de la fuerza armada estaban en el mismo corredor naval, y varios delegados habían pasado primero por el Liceo Naval y luego por la Escuela de Oficios de la empresa.

Aquí se ve la puesta en práctica por la Armada ya desde noviembre de 1975 del llamado Plan De Capacidades o “PLACINTARA”, implementado por Emilio Massera como jefe máximo y Luis María Mendía como Comandante de Operaciones Navales, en la zona a través de la Fuerza de Tareas 5.  Tal el caso de Mario Pelaez, delegado de la sección maniobras del ARS que sufrió secuestro y torturas en el BIM 3 tres meses antes del golpe de Estado, lo que da cuenta que el accionar represivo, la inteligencia, los medios y el circuito de lugares de detención ya estaban planificados y en pleno funcionamiento previo al golpe. El director del Astillero era el capitán de navío Enrique Carranza, titular de Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE), en los períodos '63/'76 y '84/'86, y muerto impune en 2008. Basualdo definió a la plata del ARS como una “unidad operativa de la represión con la FT5 de la Armada”.

Parte de los hechos cometidos en el ARS, al igual que en las plantas de fábricas de la zona como Propulsora Siderúrgica del grupo Techint,  la Destilería de YPF y el Frigrorífico Swift, fueron denunciados, juzgados y condenados en La Plata en 2015 en el proceso conocido como “FT5”, donde por primera vez se condenó a un grupo de 8 marinos por crímenes perpetrados en los CCD Escuela Naval, BIM3, Liceo Naval y Prefectura, y por el delito internacional de Genocidio.

En lo que importa a este debate sobre las Brigadas de Investigaciones del conurbano sur se destacan los casos de Miguel Ángel Soria y Alberto Derman. Soria fue técnico electricista y delegado, fue dejado cesante. Secuestrado el 6 de junio del ’76 en su casa de La Plata y visto en el CCD “Infierno” por Raúl Horacio Codesal, entre el 12 y el 20 de julio del mismo año. Los restos de Miguel Ángel aparecieron en Ciudadela y tenían múltiples heridas en cráneo, húmero y fémur compatibles con pasaje de proyectil de arma de fuego.

Derman era delegado en el ARS hasta el golpe de estado y ante la represión debió buscar trabajo en tareas de mantenimiento en otras metalúrgicas. Fue secuestrado dos veces entre octubre y noviembre del ’77 y llevado al Pozo de Quilmes junto a su esposa Cristina gioglio, luego trasladado a la Comisaría 8va de La Plata y blanqueado en la Unidad 9.

Al igual que en otras fábricas, en ARS – que llegó a tener 5mil empleados en planta permanente y 3 mil contratados de tercerizadas y capacidad de producción de hasta 200 mil toneladas de porte bruto- se vivieron despidos masivos y autoexilios, secuestros en la puerta de la planta con listas en mano, traslados en lanchas y camionetas de la patronal de la Armada, todo como respuesta a las luchas por condiciones de trabajo en medio de nuevas exigencias productivas. Pero también se dio la lucha política en las Coordinadoras de Gremios, Comisiones Internas y Delegados en Lucha que levantaron la reivindicación por la homologación de la ley de contratos de trabajo en las jornadas de junio y julio del ’75 con la consigna “14.250 o paro nacional”. A nivel sindical la disputa era entre dos sectores claros en el Cuerpo de Delegados: la burocracia de ATE Ensenada que según los trabajadores “quedaba siempre atrás de los conflictos”; y los combativos, no reconocidos y perseguidos por el gremio. El sobreviviente Pelaez rememoró en el juicio “FT5” que ATE Ensenada “defendía al gobierno de Isabel contra los trabajadores, y como yo era opositor y tenía un enfrentamiento con Juan Horvat (Secretario General de ATE Nacional) porque le había ganado una pulseada en la lucha por la Ley 14.250, no hicieron nada por mi liberación”. Pero el señalamiento de la complicidad de la burocracia no fue sólo político, ya que el testigo contó que en una ocasión, mientras estaba detenido junto a Ana María Nievas (delegada de Astilleros) en la comisaría de Ensenada, se presentó el secretario de ATE local, Juan Carlos Marín, y ante el pedido de que interviniera por ellos los sindicó como “Montoneros” ante los captores y se desentendió del tema. Hasta hace poco Marín siguió siendo parte de la conducción de ATE en un puesto de Secretario de Finanzas en Nación y en el Centro de Jubilados y Pensionados en Ensenada. Distinta fue la suerte de Pelaez, que tuvo que empezar de nuevo tras ser liberado y sufrió 11 operativos de la Armada en su casa en que le robaron todo. La anécdota es en realidad símbolo del intento de vaciamiento del Astillero y de liquidación de la industria naval local que se vivió desde los ’70 a la fecha.

El relato de Basualdo prosiguió con detalles acerca de la  fábrica PEUGEOT ubicada inicialmente en el partido de Berazategui y productora del modelo 403, la cual cuenta con 9 trabajadores víctimas de delitos de lesa humanidad que están en la causa, Santos Boria, los operarios italiano Doménico y Felipe Favazza, Luis Horacio Fernández, Enzo Fiore, Jorge Guidi, Guillermo La Rosa, Alberto Maly, Eduardo Rosen. 

Este grupo de trabajadores fue secuestrado en serie a fines del ’77 y confinado en el Pozo de Quilmes: Doménico Favazza y Fiore entre septiembre y diciembre del ’77, Fernández y Felipe Favazza por 4 días en septiembre del ’77, Maly entre septiembre del ’77 y febrero del ’78, Santos Boria entre septiembre del ’77 y mayo del ’78 y Guidi entre noviembre del ’77 y mayo del ’78, con un paso de 1 día en diciembre del ‘77 por el “Pozo de Banfield”. Eso en el caso de los sobrevivientes. La Rosa, apodado “Kung Fu” fue secuestrado xxx y visto en Quilmes hasta fines del ’77. Continúa desaparecido. Rosen, apodado “el Colorado Aceitero” era técnico en electrónica y empleado eventual en mantenimiento de Peugeot, fue secuestrado el 16 de septiembre del ’76 y visto en el “Pozo De Quilmes” por Fernando García y Alberto Maly entre mayo y septiembre del ’77. Maly testimonió haber visto el cuerpo de Rosen, antiguo militante de la JP Lanús proletarizado como activista fabril, sin vida en la sala donde estaba siendo torturado en septiembre del ‘76.

Basualdo explicó que la empresa fabricaba el modelo 403 con partes importadas y luego pasó a incrementar la producción con el modelo 504. Más tarde se unió con la Fiat Concord y mudó su planta a El Palomar, para concluir como la firma Sevel de gestión de la familia Macri.

Según Basualdo la empresa pasó del auge de 6 mil trabajadores en el ‘74 a la caída laboral en el ’79, lo que significó un derrotero desde la estabilidad laboral con mejoras salariales al derrumbe del salario real y la pérdida de derechos con aumento exigencias laborales y producción. Entre los conflictos laborales más destacables se encuentran los hechos de abril del ’78, una protesta con incidentes producto de la persecución a los empleados, y varias acciones de los jornalizados en el comedor de la planta.  

En agosto de 2004 declaró en el Juicio Por la Verdad Roberto Guidi, hermano del sobreviviente Jorge Guidi y afirmó que : “mi hermano desapareció porque se habían llevado a un delegado de Fábrica y él interpeló al Director que era francés y el Director le contestó que él a los subversivos no les tenía compasión. Entonces parece que mi hermano le contestó mal o lo insultó o algo le habrá dicho y a los pocos días desapareció también”.

En julio de aquel año también declaró Alberto Maly, supervisor de mantenimiento en la Peugeot quien expresó que  para el año ‘76 “se había notado que se habían acelerado las líneas de producción, había crecido la cantidad de coches fabricados en los meses, si mal no recuerdo, Octubre, Noviembre, habían aumentado en casi cuarenta coches por día, es decir siempre con el mismo personal y con los mismos medios, entonces cómo se podía hacer eso, acelerando las líneas de producción y tomándoles, exigiéndoles más esfuerzos a los operarios, entonces en compensación se pedía una mejora salarial y se consiguió el pago de vacaciones para  esposa e hijos, paquetes de víveres para familias tipo, como para recibir una compensación a cambio de la mayor producción”. Además Maly agregó que primero lo sedujeron para colabroar y al negarse sufrió el secuestro y la tortura:“nuestro Secretario General era un militar en ese momento, el Interventor y ese Señor me llamó a colaborar con él, incluso me ofreció un puesto dentro del Sindicato, un puesto de importancia, me quería como Secretario Ejecutivo dentro del Sindicato a la par de él. La cosa era que me negué porque mis principios no me lo permitían, de ninguna manera, si estoy hablando de vergüenza ante ustedes en este momento, más grande fue mi vergüenza en ese, no podía ponerme yo a la par de quienes nos habían mancillado el sindicato”.

Basualdo concluyó su exposición con lo referido a la fábrica de termotanques y calefones SAIAR de Quilmes, que inicio actividades en 1947 y pertenecía al grupo Garovaglio-Zorraquín. Allí hubo al menos 9 casos de trabajadores secuestrados e incluidos en esta causa: Raúl Horacio Codesal, Nicolás Adán Barrionuevo (miembros de la comisión interna y delegados), Luis Adolfo Jaramillo, Francisco Domingo Orellana, Héctor Alberto Pérez, Gerardo Tomás Carrizo, Jorge Varela y Héctor Tomás Campepadros y su esposa Adriana Patricia Sotelo. 

El 3 de abril del ’76 hubo una inspección militar en la fábrica y se llevaron detenidos a un grupo de trabajadores, entre ellos Barrionuevo y Codesal, que eran delegados de la UOM, y fueron recluidos en el Pozo de Banfield entre junio y julio de ese año junto al sobreviviente Marcos Alegría, entre otros, y luego pasados a la Brigada de Lanús hasta agosto de aquel año. Más tarde siguieron con el resto del grupo de trabajadores combativos. En el caso de Jaramillo, trabajador de origen chileno que no era delegado ni militante político pero activaba mucho en defensa de sus compañeros, se le tendió una trampa para cobrar indemnización y fue secuestrado el 29 de noviembre del ‘76. Tras pasar por el CCD “El Infierno” de Avellaneda, su esqueleto fue hallado en el sector 134 del cementerio de esa localidad. Según el análisis del EAAF presentaba ausencia de maxilares y fue identificado en 1990 con la ayuda de las prótesis dentales que aportó su esposa al EAAF. 

Héctor Alberto Pérez, militante del Partido Comunista, fue secuestrado en la casa de sus padres en Quilmes en abril de 1976. Los padres no estaban, los vecinos vieron que los secuestradores llevaban armas largas y les ordenaron apagar las luces de sus casas. Partieron la puerta de la casa familiar y se llevaron a Héctor encapuchado. Héctor fue llevado al CCD “Infierno”, donde había confinados otros trabajadores de Saiar como Luis Jaramillo. Los restos de Héctor fueron hallados por el EAAF desperdigados en huesos mezclados de 9 bolsas diferentes en el cementerio de San Martín. También presentaba lesiones en cráneo por pasaje de proyectil de arma de fuego y ayudo a la identificación una desviación en la columna que sufría la víctima. Por vía genética se lo identificó en 2010. 

En este caso fue central la responsabilidad del gerente de relaciones laborales Juan Manuel Martínez Riviere y del teniente coronel Guillermo Antonio Minicucci, reconocido por Codesal como uno de sus torturadores en el CCD "El Banco" y como uno de los militares que frecuentemente concurrían a la fábrica para coordinar la represión. Martínez Riviere declaró en julio de 2003 en el Juicio por la Verdad y afirmó que “tuve una muy buena relación con sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, las políticas que se llevaron a cabo fueron las que el Gobierno planteaba en ese momento, fuimos muy respetuosos de las políticas salariales que el Gobierno implantó y las cumplimos”. Eufemismos aparte, el caso Saiar muestra a las claras la coordinación represiva que , en boca del propio Martínez Riviere “el 1 de Julio del 76, matan al Gerente de Fábrica de Saiar, al Ingeniero Bellozo, a la salida de su casa en Adrogue y nos llama éste Señor Minicucci, nos llama para preguntarnos que había pasado (…) me llevaron detenido en función que el oficial a cargo, digamos, creyó que le estaba faltando el respeto y entonces me dijo que yo también me iba con ellos, y me llevaron y me demoraron cuarenta y ocho horas (…) me condujeron  a una Comisaría de Quilmes, no quiero faltar a la verdad, no sé si fue la Primera, la Segunda, la Tercera, pero fuimos a una Comisaría de Quilmes... eh, nos pusieron en una celda, nos tomaron declaración, les expliqué que yo era el Gerente de Personal de la Fábrica, no, no lo entendían, bueno , después lo entendieron y me dejaron en libertad”.

El marco de liquidación de conquistas obreras y agilización de los tiempos de producción en que se produjo el genocidio de la clase trabajadora argentina no puede entenderse si no se comprende el agotamiento del esquema de “empresariado nacional” en que se había apoyado el tercer gobierno peronista en el período del ministro José Gelbard, y se balancea con el corrimiento hacia el empresariado local y multinacional más grande, dispuesto a jugar la carta del ajuste económico. Tampoco si se obvia el papel de la conducción gremial de la CGT en su oscilación del acuerdismo a la movilización, únicamente explicable por la presión de las bases obreras que impugnaban el derecho del Estado a fiscalizar las paritarias y someterlas a las necesidades de la política económica, como quedó claro en los hechos del “Rodrigazo” en 1975. Fue clara la resolución de este problema de acuerdo a las aspiraciones de la élite empresarial y, con seguridad, motivación del golpe de Estado del ’76. Los límites del proyecto de la burocracia sindical peronista y el reagrupamiento de los sectores reaccionarios del empresariado hacia las Fuerzas Armadas enmarcaron el proceso del genocidio que vino a cortar una seguidilla de luchas desde abajo con la acción de la triple alianza militar-empresaria-burocracia sindical a favor de los sectores dominantes. Más de 40 años después la clase trabajadora no ha logrado dar vuelta ese proceso, pero puede empezar por conocer su propia historia para seguir intentándolo.

El juicio continúa todos los martes de diciembre de 2020 y enero de 2021. Se puede seguir en vivo por los canales youtube del CIJ y del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

JUICIOS A LOS GENOCIDAS A DICIEMBRE DE 2020

 

IMPUNIDADES EN EL AÑO DE LA PANDEMIA

 

Los juicios a los genocidas de la última dictadura no han sido la excepción en el parate total de actividad que significó la pandemia de la Covid-19, pero en este caso se profundizan los problemas de un proceso que lleva 14 años de idas y vueltas que juegan a favor de impunidades varias. Asoman el estiramiento indefinido de los procesos, la virtualidad de los debates y la emergencia de represores con domiciliaria como algunos de los problemas más complejos.

 

Por HIJOS La Plata

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EL BALANCE

 

El balance actual del estado de los juicios a los genocidas comienza por reafirmar en el primer año de la gestión albertista el estancamiento general del proceso que hace años se venía evidenciando, a lo cual se le suman las problemáticas típicas del estiramiento indefinido de las causas. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 21 de diciembre de 2020 el Estado argentino efectivizó 241 juicios orales y 2 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 243 juicios hubo 1.699 procesamientos, y como resultado se dictaron 1.449 condenas sobre 1.427 represores y hubo 222 absoluciones por un universo de 8.830 víctimas. Esto quiere decir que en 14 años de juicios alrededor del 44% del total de los 3.300 imputados desde 2003 fue llevado a juicio. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los más de 630 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.

De un total de 589 causas, sólo el 40% tuvo sentencia, un 44% se encuentran en etapa de instrucción, lo que equivale a 260 causas, además de haber un 12 % de expedientes a la espera del inicio del juicio oral y sólo un 4% en distintas instancia de debate.

De las 243 causas que llegaron a sentencia desde 2003 el 60% fueron confirmadas por Casación o Corte Suprema y el restante 40%  espera resolución en segunda instancia.

Se sabe que en las causas de lesa humanidad la justicia tarda un promedio de más de 5 años desde que se requiere la elevación a juicio hasta que se confirman sentencias. Ello hace ver que si aunque fuera un tercio de las causas en instrucción se elevaran a juicio ya mismo, esos procesos estarían terminando recién en 2026. Y si los otros dos tercios se elevaran en 3 y 5 años cada uno todos los procesos terminarían con mucha suerte en 2035.

La proyección es altamente optimista si pensamos que hay 260 causas en instrucción y el promedio anual de sentencias de primera instancia es de 15 a 20 expedientes en todo el país. Este año fue la excepción por la pandemia, pero bajó a sólo 8 veredictos y muestra de manera palmaria el problema que significa la pérdida de tiempo en estos procesos.

Además en los últimos 4 años se ha invertido la situación de libertad los represores (un total de 2484 imputados, procesados o condenados) porque de un 60 % detenidos contra un 40 % en libertad promedio en 2015 se pasó al 64 % en libertad y sólo el 36% promedio detenido en 2020. Pero además, de ese 36% de “detenidos” casi el 70% (unos 600 represores) cumplen arresto con el beneficio de la domiciliaria y sólo el 25% lo hace en cárcel común, lo que serían unos 200 genocidas. La queja de algunos sectores respecto a la situación actual de emergencia de las domiciliarias es plenamente selectiva cuando lo que se ve es la profundización de un proceso de privilegios e impunidad para los genocidas que tiene larga data.

Además, si seguimos tomando como referencia el real actuante en la represión de 200.000 efectivos y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 3.300 imputados siguen representando una investigación sobre el 2% del total de los responsables y los 1.427 condenados equivaldrían a 2 represores por cada CCD. -

Este conjunto de elementos marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes.

 

EL AÑO DE LA PANDEMIA

 

Desde 2006 hasta la actualidad en La Plata se dictaron 20 sentencias, y si bien a primera vista parece una cantidad importante, queda mucho por hacer, tanto en causas residuales como en otras que nunca recibieron el debido impulso. Los jueces Pablo Vega y Alejandro Esmoris se despiden este año de sus cargos en la justicia platense con la demorada sentencia por Brigada San Justo y ya coronaron su impar actuación con un nuevo fallo absolutorio del genocida CNU Juan José “Pipi” Pomares, pese a que Casación los conminó en abril de 2019 a revisar la sentencia de 2017 que firmaba la impunidad del asesino.

El panorama nacional tampoco es alentador este año. La primera sentencia de 2020 llegó en abril pasado en Mar Del Plata, en una audiencia sin público en la causa “Subzona 15”, donde se condenó a 35 represores de esa estructura represiva del Ejército, así como a integrantes de la Fuerza de Tareas 6 de la Armada, de Prefectura y un integrante de la Comisaría de Miramar por 272 casos. El fallo absolvió a 5 represores, en su mayoría de la Armada. El segundo fallo se dio en mayo en Comodoro Rivadavia, donde el Tribunal Oral local condenó a unos módicos 6 años como partícipe secundario en la desaparición del militante del Partido Comunista Elvio Ángel Bel al jefe de Informaciones de la Policía de Chubut Tito Nichols, y absolvió al segundo comandante del Batallón de Infantería de Marina 4 de la FT7 de la Armada, Hernán Álvaro Hermelo. La tercera causa en llegar a sentencia fue también en mayo, pero en Rosario, en la Causa “Feced 3 y 4”, donde 10 represores fueron condenados a penas altas por 188 casos y se reconoció por primera vez en esa zona los delitos sexuales como autónomos. El cuarto veredicto llegó a fines de mayo en Entre Ríos, en un debate realizado con tribunal ad hoc y por escrito de acuerdo al viejo código, donde se dictaron 2 perpetuas y 6 sentencias menores sobre represores que seguirán con domiciliaria o bien excarcelados como llegaron al juicio.

En octubre llegaron un segundo fallo por el Operativo Independencia en Tucumán, donde se condenó a perpetua a 3 de los 25 imputados, la mayoría recibió entre 10 y 18 años y se absolvió a 9 represores, y otro en San Nicolás con sentencia dispar en la causa “Saint Amant 3” donde tres ex militares recibieron perpetua por crímenes en distritos del noreste bonaerense pero un policía recibió una pena a tres años de prisión y otro militar resultó absuelto.

En noviembre llegó la sentencia en la quinta parte de la causa por el CCD Automotores  Orletti, en un proceso que incluyó a 10 víctimas –entre ellas las apropiaciones de Anatole y Victoria Julien Grisonas- y donde se condenó a perpetua los represores de la SIDE Eduardo Cabanillas, Eduardo Ruffo, Miguel Furci y Honorio Martínez Ruiz, dos de ellos con domiciliaria pese a las perpetuas.

Cerró el año la sentencia en la causa por la Brigada de Investigaciones de San Justo, donde si bien hubo 10 represores condenados a perpetua y otros 6 a 25 años, se absolvió a , integrante del plantel de la Brigada al que el tribunal por mayoría le creyó que no fue parte del CCD porque se fue a realizar un curso, y que no está procesado en ninguna otra causa.

Además, los jueces Esmoris y Jarazzo se despacharon en este fallo y a pedido de la defensas de los represores con la inconstitucionalidad del artículo 19 inciso 4 del Código Penal, esto es preservarles las jubilaciones de policía y ejército a los represores pese a inhabilitarlos de manera absoluta para ejercer cargos públicos. Ni hablar de que los doctores que votaron con anterioridad el 2x1 a un par de represores no asomaron a la posibilidad de decretar que esto se trató de un Genocidio, y se quedaron en la tibia posición de hechos “constitutivos de crímenes de lesa humanidad”, como si se hubiera tratado de un ataque indiscriminado a la población civil y no del aniquilamiento planificado desde el Estado de una generación de luchadores.

El 2020 dejó entonces un total de 8 fallos, 17 absoluciones y 94 condenas por más de 980 víctimas son los resultados de todo el año 2020. Si bien el número puede parecer importante para un año donde la actividad judicial estuvo 8 meses parada, hay que aclarar que muchos de estos debates arrancaron hace más de 2 años y que si no fuera por las sentencias en “Subzona 15 u “Operativo Independencia 2”, los resultados hubieran sido más magros.

Además a futuro el impasse judicial por la Covid-19 impactará en el estiramiento de los procesos, tanto en los ya iniciados como en aquellos por iniciarse.

A su vez asoma otro problema crónico. La seguidilla de represores apartados por motivos de salud y muertos impunes seguirá creciendo si la realización de los juicios se sigue estirando. A esto se suma la continuidad “on line” de los juicios y a las condiciones prácticas para su realización en un contexto como la actual pandemia del Covid-19, que han sido un parte aguas en la concepción del acto de justicia que significan estos debates. No se puede estirar más los procesos porque los imputados se mueren impunes o fingen estar seniles, y además porque muchas de las víctimas, sobreviviente sus familiares también van quedando en el camino sin tener un mínimo de reparación de parte del Estado argentino.

En la ciudad de La Plata la virtualidad de las audiencias venía ganando terreno mucho antes de las problemáticas planteadas por la pandemia y el ASPO: la modalidad de un juicio cuasi virtual se inauguró en 2018 en la causa por la Brigada de Investigaciones de San Justo donde la presencia en la sala de debate sólo correspondió a las partes y el público, mientras los genocidas realizaron las indagatorias, el seguimiento de los testimonios y las últimas palabras por videoconferencia desde unidades penales o desde las Cámaras Federales de Mar Del Plata y de Comodoro Py, ya que la mayoría de ellos se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria. De esta manera la virtualidad del proceso en La Plata viene preocupando a las querellas de los organismos de Derechos Humanos hace rato. Incluso las fallas técnicas en la imagen y el audio de las videoconferencias demoraron gran parte de las alternativas del juicio San Justo, con la recurrente y extenuante media hora del ya clásico “¿hola, me escucha?” entre los jueces y los genocidas, la utilización por los represores de esa mediatización para hacer mezquinas o irregulares las indagatorias y los reiterados cuartos intermedios para mejorar la comunicación.

El cúlmine de esta situación fue volver a escuchar los testimonios de las compañeras Adriana Calvo, Nilda Eloy y Cristina Gioglio por exhibición en video en el juicio por las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y Lanús, debate demorado por años y que arrancó en la virtualidad total, con tres de las luchadores centrales por justicia en esos CCD exigiendo castigo a los genocidas en ausencia física.

Desde HIJOS La Plata, integrante de la querella del espacio Justicia YA, acompañamos la posición que expresa que los juicios deben continuar, pero deben continuar siendo orales y públicos, con los recaudos sanitarios del caso, pero con mayor compromiso de parte del Estado para que los procesos no se estanquen más de lo que ya están y se completen como es debido.

 

 

POR JUICIOS ORALES Y PÚBLICOS CUIDANDO LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA JUSTICIA Y DE LOS TESTIGOS-SOBREVIVIENTES!

 

JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES!

 

CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS!

 

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

 

BASTA DE BENEFICIOS A LOS GENOCIDAS!

 

BASTA DE DILACIONES Y PEREZA DEL ESTADO!

 

HIJOS LA PLATA – diciembre de 2020.

O8 DE DICIEMBRE: SÉPTIMA AUDIENCIA.

DE LA PLATA AL POZO DE BANFIELD

Este martes 8 de diciembre continuó el debate por las tres principales Brigadas de Investigaciones de la Bonaerense de Camps. Se exhibieron los testimonios en video de Chicha Mariani, que aportó sobre los desaparecidos Aued, Médici y Cañas, y el del sobreviviente Luis Velasco, que sumó su relato sobre los casos de Gustavo Pérez Monsalve, Marcelino Pérez Roig, entre otros.

Por HIJOS La Plata

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MARIANI Y LA FAMILIA AUED-MÉDICI

El debate continuó con la exhibición en video de un fragmento de la testimonial brindada el 27 de mayo de 2009 ante la Cámara Federal platense por María Isabel Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de mayo y hasta su fallecimiento en agosto de 2018 presidenta de la Asociación Anahí. “Chicha” declaraba en esa oportunidad en el marco de la causa nº 1885 de la Secretaría de la Cámara, caratulada “Mariani Daniel y Teruggi de Mariani Diana Esmeralda sobre denuncia”, y en el marco de los denominados “Juicios por la Verdad” cuyo fundamento son la determinación del destino final de las personas detenidas desaparecidas en el “Circuito Camps” ya que no tienen consecuencias penales. Madre, suegra y abuela de desaparecidos, y habiendo expuesto muchas veces sobre su hijo Daniel, su nuera Diana y su nieta Clara Anahí, Chicha aclaró que “voy a ahorrarles el trabajo de escuchar todo de nuevo. Voy a agregar simplemente o encuadrar algo para que se haga más entendible y me voy a limitar a entregar documentación”. De no haber mediado la tardanza del Estado en iniciar el debate en curso, 8 años en el caso de la causa por el Pozo de Banfield, Chicha hubiera preparado una exposición completa sobre los CCD de las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y Lanús, el funcionamiento de las maternidades clandestinas que existieron en esos lugares, la apropiación de hijos de desaparecidos desde allí efectuadas y las conexidades existentes entre los CCD de La Plata y aquellas dependencias. Pero la impunidad signa este proceso de juzgamiento y no ha quedado otra opción que revivir los conceptos de la testigo referidos a los que interesa en esta causa en menciones parciales de la inmensa tarea investigativa que realizó durante buena parte de su vida.

Como sabemos el 24 de noviembre de 1976 fue destruida la casa de Daniel Marini y Diana Teruggi, conocida como “la casa de calle 30” o “la casa de los conejos”, donde estaba la imprenta de la regional sur de Montoneros que editaba la revista “Evita Montonera” y donde se realizaba un emprendimiento de conejos en escabeche. En el operativo fueron asesinados Diana y los militantes Roberto César Porfidio, Eduardo Mendiburu Elicabe y Juan Carlos Peiris, y apropiada la hija de los Mariani-Teruggi Clara Anahí, aún hoy sin conocer su verdadera identidad. Por estos hechos fueron condenados en 2012 los represores Miguel Etchecolatz, Hugo Guallama, Carlos “Oso” García y Norberto Cozzani. Chicha contó que al principio pensó que Daniel había muerto en el ataque, pero luego supo que ese día estaba en Capital Federal, que volvió a La Plata y encontró la casa arrasada y se sumió en la clandestinidad. Luego Daniel se comunicó con su madre, que a su vez también tuvo que dejar su casa de entonces porque fue asaltada esa misma noche y casi destruida. Chicha pudo encontrarse con Daniel 15 días después del ataque a la casa de calle 30, lo vio varias veces y lo asistió como pudo porque estaba sin recursos y clandestino. Daniel estuvo 8 meses en la clandestinidad, no quiso irse del país pese a que la familia tenía contactos en Italia, se quedó a buscar a su hija Clara Anahí, hasta que fue descubierto en agosto del ’77 y asesinado en el barrio de La Cumbre por agentes de la Comisaría 4ta de La Plata cuando estaba asistiendo a Laura Carlotto, también militante montonera y en la clandestinidad. “Solo a través de treinta y pico de años de búsqueda y escarbar cielo y tierra para saber cosas, he podido ir armando este terrible rompecabezas que, en el que se constituyó mi vida”, dijo Mariani en el testimonio de 2009.

En particular sobre hechos que se investigan en esta causa, Chicha detalló sobre la familia Médici-Aued, ya que en el debate son caso la pareja Graciela Médici y Roberto Eduardo Aued, apodado “El Turco”, secuestrados el 1 de agosto del ’77 en el barrio La Cumbre y vistos en el “Pozo de Banfield” entre el 3 de septiembre y el 13 de octubre de ese año. Graciela estaba embarazada de seis meses y ambos militaban en la unidad básica “Capuano Martínez” que Montoneros tenía en calle 16 y 530. También es caso el sobreviviente Nieves Luján Acosta, compañero de militancia de Daniel Mariani secuestrado con su esposa Haydé y Santiago Cañas en el mismo operativo de agosto del ’77 y, tras pasar por la Brigada de  Investigaciones de La Plata, fue llevado a Banfield con el grupo de Aued, Médici y Cañas hasta octubre de ese año y luego llevado a la Comisaría 3ra de Lanús, en Valentín Alsina, desde donde lo liberaron en diciembre del ’78 sin ponerlo a disposición del PEN. Médici, Aued y Cañas continúan desaparecidos.

Chicha Mariani relató que “Esta familia que vivía allí, Aued Medici, es una de las familias atacadas y desaparecidas por la Comisaría 4ta. Fue la Comisaría 4ta la que inició el ataque, no sé si hubo más Fuerzas, pero ellos si estaban, esto lo sé porque pregunté a vecinos (…) A los Aued los maniatan cuando asaltan la casa y quedan allí, yo creía en la casa, ahora me acabo de enterar que en realidad los pusieron en una camioneta y de ahí vieron cómo, este, mataron a mi hijo. Cuando matan a mi hijo, lo suben como dije antes a otra camioneta y se van algunos, y otros quedan emboscados, a la expectativa, dentro de la casa” También contó que el padre de Laura Carlotto le había prestado la camioneta a Daniel para mudar a Laura y que fue detenido en el mismo operativo: “No dice mucho el señor Carlotto, más es lo que yo sé, que lo que dice acá. Él cuando entro a la casa, lo atacaron, lo golpearon mucho y se lo llevaron a la Brigada. Cuando llegó a la Brigada se encontró con la familia Aued en, allí adentro, aprisionado, y le contaron como había sido la muerte de mi hijo, como los habían tomado a ellos, que sus hijitos, dos, estaban en la casa de los abuelos de City Bell de manera que no los habían tocado y al señor Carlotto lo, lo tratan mal”.

Sobre Cañas Chicha puntualizó que “al otro día temprano viene un militante de apellido Cañas, llega a la casa porque era habitual que fuera ahí. Y también lo golpean, lo toman preso y se lo llevan también a la Brigada, eso fue el día 2 por la mañana (…) El día 3, pasan dos cosas; por un lado atacan la casa de la familia Cañas que es, también la Comisaría 4ta, en jurisdicción de la 4ta. Allí, la abuela, María Blanca de Cañas, sale con los dos niños que había en la casa. Había dos mujeres y dos niños, con un ejército alrededor y policías, y todos los techos llenos de gente para estas dos mujeres. Sale la abuela con los niños, dice que hay niños, se los entrega y la acribillan, la mataron a la señora Cañas. Blanca de Cañas. Enseguida matan a la hija que vivía allí, María Del Carmen Cañas de Valenti. El nene se llamaba también de apellido Valenti, era hijo y la nena era Cecilia Porfidio, que fueron entregados en ese momento a la policía. Matan a las dos, queman la casa; parece que en ese momento se acostumbraba a atacar donde había niños y quemar casas, porque son varias las casas que terminan incendiadas, bueno, hay un policía, Maceroni que ha declarado y cuenta como él en su camioneta llevó a estos dos niños a la Comisaría 4ta, donde pasaron la noche o quizá el día siguiente, les dieron leche, los atendieron y después los llevaron a la Casa Cuna. Esta es la tragedia de la familia Cañas. Ya antes había desaparecido una hermana, María Del Carmen se llamaba la que estaba en la casa y María Concepción la otra”.

Sobre Nieves Luján Acosta Chicha afirmó: “Después ese mismo día se llevan a Nieves Lujan Acosta, un joven muchacho albañil de la villa que había por ahí cerca, de la zona y de la cual era muy amigo, mi hijo, que los ayudaban con el grupo de la, de la Unidad Básica de ese lugar, también eso lo sé ahora, yo no sabía que había una Unidad Básica a la cual pertenecía mi hijo en ese lugar, cerca, este, de donde a él lo matan que es en 132 y 35. Lo llevan a Nieves Luján, también al mismo lugar a la Brigada y después a Banfield, allí se encuentra con todos”.

Demostrando una memoria prodigiosa, Chicha agregó “Hay algo de lo que no se ha hablado, no sé si en este momento sí se ha comentado, estaba la señora de Nieves Lujan, que también fue apresada pero de la cual no se habla, porque ella tiene miedo a que la nombren. Y esta Señora sabe y también Nieves Luján que la joven Graciela Medici, estaba embarazada, o sea que fue llevada embarazada y que el embarazo continuó”. 

La investigación de Chicha ha echado luz sobre el accionar en La Plata de la patota de la Comisaría 4ta y lo que ella definió como “lo que ha sido en la represión en las casas, en las familias, los asesinatos, las persecuciones”. La causa por hechos vinculados a la Comisaría 4ta de La Plata lleva años de lenta instrucción, así como otros expedientes referidos a otras dependencias como la 8va, la referida al accionar de la DIPPBA, al Arzobispado platense y la de las personas desaparecidas en La Plata no vistas en ningún CCD. Una vez más vemos cómo a más de 44 años del golpe genocida es mucho lo que queda por juzgar y son muchos los represores impunes que actuaron en el “Circuito Camps” que aún no han sido siquiera rozados por la pretensión punitiva del Estado.

IDA Y VUELTA A BANFIELD

A continuación se exhibió completa la testimonial realizada en el juicio de 2012 denominado “Circuito Camps” por Luis Velasco Blake, ex militante del Partido Comunista Revolucionario secuestrado el 7 de julio del ’77 y sobreviviente de los CCD Brigada de Investigaciones de La Plata, Arana, Comisaría 5ta y recluido en el Pozo de Banfield entre el 10 y el 14 de julio del ’77.

Velasco, fallecido en noviembre pasado, había relatado hace 8 años que en el año ’77 estudiaba medicina y se había retirado de la militancia. Vivía con su madre en una casa de calle 56 en La Plata. EN ese contexto habían sido secuestrados varios compañeros del PCR y el 7 de julio lo fue a buscar una patota de 12 represores de la Bonaerense de Camps. 

Fue llevado a la Brigada de Investigaciones de La Plata comandada por Miguel Etchecolatz y a la que los represores denominaban “La Central”.  

“Cuando llegamos a la Central al rato me informan que soy un detenido ilegal que no tengo ningún tipo de defensa, se me pregunta por mi participación política y se me devuelve con los otros prisioneros, allí fuimos golpeados por los guardianes repetidas veces y sobre todo en esa primera noche a base de golpes se nos impidió dormir, cada vez que nos dormíamos nos despertaban a golpes”, relató el sobreviviente.

Agregó que los genocidas jugaban entre ellos cargando las armas, haciendo ruidos con las armas, y diciendo que les molestaba gastar armas en perejiles, que les habían dado la orden de matarlos y que les molestaba gastar balas en “perejiles”. Así, luego de unas horas fue metido con otras personas en los baúles de unos autos y se los llevó al CCD “La Casita” de Arana. En el camino les realizaron un simulacro de fusilamiento. En Arana los pusieron en un calabozo, donde pudo hablar con Luis Larralde, Marcelino Perez Roig y Gustavo Perez Monsalve –maestro de música de 20 años-, estos últimos son caso en este debate por su paso por el “Pozo de Banfield” y aún desaparecidos. Marcelino Pérez Roig y su compañera Edith Beatriz Scanavino fueron secuestrados el 7 de julio de 1977 en su casa de la ciudad de La Plata. Marcelino trabajaba en el Hipódromo y militaba en el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Edith tenía 22 años y cursaba la carrera de medicina. Ambos continúan desaparecidos. En el año 2012 y en el marco del juicio “Circuito Camps”, quedó demostrado que ambos pasaron por la Brigada de Investigaciones La Plata y por el Destacamento de Arana, aunque algunos testimonios que identificaran a Edith en la Comisaría 5ta.

Velasco afirmó que en Arana todos fueron torturados con picana eléctrica. Él  estuvo 3 días sin poder moverse, tras lo cual los vuelven a poner en los baúles de unos coches y los devuelven a la Brigada de La Plata con Larralde y la esposa de éste, María Josefina Ronsero. En la Brigada encuentra a Jorge “Yiyo” Andreani –militante del PCR-, Néstor Bozzi –integrante de Montoneros- y Ricardo San Martín –de la UES. El 10 de julio del ’77 llevaba 3 días de calvario y por la noche escucharon muchos movimientos y fueron sacados en grupo de la celda y subidos a un camión celda. “El camión iba lleno, no sé si había más camiones y emprendemos una marcha precedidos por Patrulleros que hacía uso de las sirenas, lo cual a los más optimistas de nosotros nos hizo pensar que podíamos ser  pasados a disposición del PEN en ese momento;  pero en un trayecto que yo en ese momento  calculé que podía ser a mitad de camino entre La Plata y Buenos Aires, luego por planos creo que es el ‘Pozo de Banfield’, somos bajados en un sitio que parecía  muy grande por el retumbar de los sonidos, somos golpeados nuevamente mientras nos trasladan por unas escaleras hacia unas celdas, nos hacen desnudar y nos hacen bañar”, detalló Velasco. 

Si bien su permanencia en el “Pozo de Banfield” fue de 5 días, pudo confirmar que allí fueron llevados Perez Roig, Perez Mosalve y que quedaron en el lugar cuando a él lo retiraron hacia Comisaría 5ta de La Plata con Rodolfo Malbrán y dos mujeres a las que no conocía, en un traslado del 14 de julio del ’77. Sobre las condiciones en Banfield dijo que “nos sirvieron un engrudo absolutamente imposible de tragar” y que pudo ver el rostro de uno de los represores que le abrió la celda.

En Comisaría 5ta Velasco comparte 22 días de cautiverio con Eduardo Bonín, Héctor Baratti y Humberto Fraccaroli. Respecto a los represores, el sobreviviente dijo que en un momento lo llevaron ante quien apodaban “El Coronel”, que intuye se trataba de Miguel Etchecolatz, y que vio al capellán policial Cristian Von Wernich en la Brigada platense: “en todo esto yo jamás pude ver a ninguno de los represores con excepción del Sacerdote Christian Von Wernich,... tuve mi primer contacto con él en la Brigada cuando recién me habían traído de Arana de la tortura. A mí me habían dicho que si le miraba la cara a alguien me mataban, y cuando llegó el sacerdote me dijo que me quitara la venda. Yo por supuesto me negaba a quitarme la venda y él me la quitó, y empezó una conversación muy afable, muy amable, en la cual pues empezó permitiéndose bromas sobre el estado en el cual yo me hallaba. Me tocaba el pecho y riéndose me decía te quemaron todos los pelitos con la picana, no te quedan pelitos... y empezó a visitarnos asiduamente”. Por su participación en el genocidio Von Wernich fue condenado a perpetua en 2007 pero nunca perdió estado activo dentro de la iglesia y ya preso hasta dictó misa para los represores detenidos… yo lo debo haber visto 4 veces”.

Velasco fue liberado de Comisaría 5ta el 8 de agosto del ’77 por un grupo que antes les dio un sermón, los puso en un auto con otras tres personas y los dejaron en calle 12 y 32, sin blanquearlos en el Poder Ejecutivo ni nada.

El relato de Velasco confirma la aceitada estructura de traslado de detenidos desde La Plata, donde estaba la sede de Investigaciones de La Bonaerense de Camps, a las Brigadas del conurbano que son materia de este debate. Un circuito del que algunos volvían y otros no.

El juicio continúa el martes 15/12 con la testimonial de Victoria Basualdo, investigadora de Clacso que expondrá como testigo de concepto sobre  la complicidad empresarial con la dictadura y el Genocidio.

Se puede seguir en vivo por los canales youtube del CIJ y del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.