LA REPRESIÓN AL PRT EN EL CONURBANO SUR
En otra audiencia del debate por los CCD de las Brigada de Investigaciones de La Bonaerense en el conurbano sur en dictadura, los familiares de tres militantes del PRT-ERP desaparecidos contaron sus historias. Clara Fund, hermana del obrero de Faraday Juan Carlos Fund, desaparecido en Quilmes octubre del 76; Miguel Santucho, hijo de Cristina Navajas, desaparecida en julio del ’76; y María Marta Coley, hija del obrero del vidrio Manuel Coley Robles, secuestrado y desaparecido en Quilmes en octubre del ‘76, dieron cuenta de los diversos ataques que sufrió la militancia obrera de la izquierda guevarista en dictadura.
Por Espacio de Lucha Nilda Eloy
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TERROR EN QUILMES
El testimonio inicial de la jornada fue el de CLARA ESTHER FUND, hermana de Juan Carlos Fund, trabajador de la fábrica de transformadores Faraday y militante del PRT, secuestrado el 26 de octubre de 1976 en Quilmes y visto en el CCD de la Brigada de Investigaciones de Quilmes entre esa fecha y fines de diciembre de aquel año.
Clara contó que en la década del ’70 ella y su hermano trabajaban en la fábrica Faranday, productora de transformadores de Quilmes oeste. Ella estaba en el área de Personal y él en Bobinado. Juan Carlos tenía 22 años y además de trabajar estudiaba para maestro mayor de obra.
La testigo dijo que el 25 de octubre del ’76 llegó a la fábrica un grupo operativo preguntando por Juan Carlos y pidió su legajo en Personal. Él estaba con licencia por enfermedad y ese mismo día su hermana le contó lo sucedido, a lo cual dijo que iba a ir a averiguar a la Brigada de Investigaciones. No le dieron tiempo, porque esa misma noche, ya la madrugada del 26 de octubre, llegó el grupo de tareas a la casa familiar, rompieron la puerta y redujeron a los hermanos y a su madre en el suelo apuntándolos con armas. “En un momento, lo traen a mi hermano hasta la habitación, lo tiran al piso y él levanta la vista y me mira. Nunca más lo volví a ver”, rememoró Clara, que agregó un dato clave: del grupo de tareas que irrumpió en su casa de Quilmes recuerda que el represor que la empujó era el mismo que había ido a Faraday, donde se había identificado como de la Brigada de Investigaciones, aunque cuando fue a la casa familiar dijo que era del Ejército. Además Clara precisó que el jefe de personal de Faraday, Raúl Scotti, ere retirado de la policía, y que cuando secuestraron a Juan Carlos ya habían desaparecido otros dos trabajadores de la empresa. Como han expresado en este debate otros trabajadores sobrevivientes del Genocidio, la zona de Quilmes era muy activa en los ’70 respecto a la actividad sindical de base, en respuesta a las presiones de las patronales industriales pero también en pugna contra las conducciones sindicales, en este caso de la Unión Obrera Metalúrgica.
Clara contó que a partir de la desaparición de su hermano la familia realizó la habitual búsqueda por las comisarías de la zona.
También recurrieron al Ministerio del Interior y a la iglesia Stella Maris, ubicada frente al edificio central de la Armada en Capital Federal, donde los recibió el Monseñor cómplice Emilio Teodoro Graselli, secretario privado del Vicario castrense Adolfo Tortolo, que les dijo que Juan Carlos se habría ido “con alguna mujer” o “a España”. Graselli fue mencionado hace décadas por varios familiares de desaparecidos que investigaron y describieron su rol recolectando información de las familias de las víctimas para luego volcarlas en un fichero que compartía con la inteligencia policial y militar. Este personaje jamás fue indagado por su participación en el Terrorismo de Estado, sólo se lo citó como testigo en el Juicio por la Verdad en el año 2000, donde dijo que tenía el fichero en su casa, y tuvo que portarlo a la Cámara Federal platense. Sin titubear dijo ante la justicia que “Yo no podía dar una respuesta ni en favor ni en contra, si no tengo certeza ni noticia concreta, cuando ustedes saben muy bien que después de unos años aparece gente de desaparecidos. ¿Cómo iba a dar una respuesta de muerte o de vida si yo no la tenía?”. Además, fue llamado a testimoniar en el debate llamado “Circuito Camps”, que llegó a sentencia en 2012. En esa oportunidad se limitó a decir que por aquellos “hechos lamentables” recibió órdenes de Tortolo de tomar los datos a los familiares en la sede de Stella Maris y que como se vio sobrepasado por los pedidos, ya que reconoció que atendió más de 2.500 casos, generó un fichero consignando fecha del secuestro y un contacto con las familias. Según él en base a esos datos Tortolo consultaba con el Ministerio de Interior y con el Ejército. Hoy existe una causa formada respecto a esos ficheros en la que la justicia federal platense jamás avanzó.
Juan Carlos Fund fue visto en el “Pozo de Quilmes” por los sobrevivientes Emilce Moler y Gustavo Calotti, que estuvieron allí confinados en el período septiembre-diciembre del ’76. Calotti describió que en Quilmes en el primer piso estaban las mujeres y en el segundo piso los varones. “Supe que era la Brigada de Investigaciones de Quilmes a los pocos días, porque en la celda había un muchacho de Quilmes, Juan Carlos Fund, quien me había dado su dirección -Monroe al 900- por si me salvaba; él sigue desaparecido”, dijo ante la Cámara Federal platense. Agregó que la celda era “una habitación muy pequeña con una puerta de metal con una abertura, una pequeña ventana arriba y creo que según mis dimensiones pienso que la habitación era un cuadrado de dos y medio metros. En ese lugar, llegamos a permanecer quince personas, era un hacinamiento total, estábamos todos torturados, esposados y vendados con las manos en la espalda”.
Calotti y Moler fueron sacados del “Pozo de Quilmes” en diciembre del ’76, y Fund continuó allí un tiempo más con vida. Ello se constata por el testimonio del sobreviviente Enrique Balbuena, que fue secuestrado con su esposa Alicia Lisso en Hudson el 28 de octubre del ’76 y tras pasar por el CCD “El Castillo” de Plátanos fue llevado al “Pozo de Quilmes” entre el 25 de enero y el 4 de febrero del ’77. Clara Fund dijo que ya en democracia Balbuena se acercó a la familia y les dijo que había estado con Juan Carlos en la Brigada de Quilmes.
Sobre la situación familiar posterior al secuestro de Juan Carlos, Clara contó que su madre enfermó y quedó estancada en una espera eterna del hijo desaparecido: “la encontraba sentada en la cama mirando por la ventana y yo sé que lo estaba esperando a mi hermano”, describió la hermana de Juan Carlos. Finalmente dijo que para la familia el escape fue ir todos los años a la Plaza de Mayo el 24 de marzo porque “era como estar con ellos, mi hermano fue uno hasta que se transformaron en 30 mil”. Clara exhibió una foto de su hermano y dijo “él es mi hermano, es una persona de carne y hueso, la sacaron de nuestro hogar y terminaron con sus sueños. Nosotros lo esperamos todos los días. Agradezco la oportunidad de declarar y ‘Nunca más’”.
LA BÚSQUEDA DE 44 AÑOS
La audiencia continuó con el testimonio de MIGUEL HERNÁN SANTUCHO, hijo de la militante desaparecida Cristina Silvia Navas y de Julio César Santucho, ambos integrantes del PRT-ERP, y además sobrino de Mario Roberto Santucho, fundador del FRIP y del PRT-ERP. Cristina fue secuestrada embarazada en julio del ’76 y su niño o niña apropiado/o desde el “Pozo de Banfield” en 1977.
Julio Santucho era el menor de los 10 hermanos Santucho, hijos del procurador santiagueño Francisco René Santucho. La familia desarrolló los primeros cruces políticos entre la izquierda y el indigenismo en el norte argentino y estuvo en el centro de la formación de la tradición guevarista local. “De los diez hermanos todos sufrieron alguna consecuencia por su militancia. Todos fueron perseguidos”, afirmó Miguel Santucho, y dio más precisiones: la primera esposa de su tío Mario, Ana María Villarreal, fue ejecutada en la “Masacre de Trelew” en agosto de 1972. Su tío Amílcar Santucho se exilió por la persecución de las bandas de la derecha peronista de la Triple A, fue detenido en Paraguay y estuvo cinco años preso en la dictadura de Alfredo Stroessner. Y siguió su relato: “En abril de 1975 mi tío el Negro fue secuestrado y desaparecido. Él integraba la compañía del Monte del ERP. No se pudo reconstruir qué paso con él. En octubre de ese año, Oscar Santucho, otro hermano de mi papá, fue emboscado en Tucumán y abatido, y su cuerpo fue exhibido como demostración de lo que pasaba a los guerrilleros. Yo me llamo Miguel en homenaje a él, porque ‘Miguel’ era su nombre de guerra”, detalló el testigo.
Julio Santucho se recibió de sociólogo. Conoció a Cristina en la Universidad Católica y se casaron en 1972. Ya en el ‘76 tenían dos hijos, Camilo y Miguel, y esperaban un tercero. Pero Cristina fue detenida-desaparecida el 13 de julio de 1976. Tenía 27 años y fue secuestrada en un departamento de la familia en Capital Federal junto con su cuñada Manuela Santucho y Alicia Dambra. En el operativo quedaron abandonados los tres hijos de las militantes, los primos Camilo, Diego y Miguel, que tenía 9 meses de edad.
Seis días después del secuestro de Cristina fueron asesinados Mario Roberto Santucho, Benito Urteaga y Domingo Menna, tres de los máximos referentes del PRT-ERP que cayeron en un operativo en Villa Martelli.
Miguel refirió que su abuela materna, la integrante de Abuelas de Plaza de Mayo Nélida Gómez, le contó que los había encontrado con aviso de un vecino del edificio. Luego la familia pudo reconstruir que el recorrido de Cristina había sido a Coordinación Federal, a “Automotores Orletti” y a la Brigada Güemes-Protobanco. “Como eran de la familia Santucho las ponían en un lugar de ser las ‘pesadas’ y les daban un trato especial en la tortura y los tormentos”, señaló Miguel sobre el estigma que llevó su familia.
En lo que atañe a este juicio, Miguel dijo que fue a través de la militante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos Adriana Calvo, que supo que Cristina había estado en el Pozo de Banfield por lo menos desde mediados de diciembre del ‘76. “Cristina llega en estado de embarazo avanzado. Ahí permanecen hasta abril del 77”, explicó Miguel y dijo que el nacimiento de su hermano o hermana “debería haber ocurrido entre enero y febrero de 1977”. Según lo establecido por Adriana Calvo el traslado final de Cristina fue el 25 de abril del ’77. La familia buscó siempre al/la niño/a nacido/a y apropiado/a desde el “Pozo de Banfield” y 44 años después el Estado no ha restituido su identidad.
Luego de la desaparición de Cristina, el partido realizó una operación para sacar del país a Miguel y otros niños de compañeros caídos y llevarlos con sus familiares exiliados. Así Miguel se encontró con su padre Julio en Italia. Luego Miguel siguió con su padre, que continuó las tareas militantes, y vivieron en México. Miguel dijo que en 1985 vino a Argentina y fue por primera vez a la casa de Abuelas y, a pesar de tener 10 años, comprendió por qué su abuela estaba en la Asociación. En Abuelas encontró fotos de sus padres con un cuadro en el medio sin foto y con un signo de interrogación que representaba a su hermano o hermana apropiado/a.
Durante un viaje en 1992, cuando participaba en una manifestación de estudiantes secundarios, entrando a Plaza de Mayo vio una pintada que decía “Santucho vive”. “En ese momento decidí que tenía que volver y hacerme cargo de mi historia”, dijo Miguel.
Así comenzó a militar en la agrupación HIJOS, y dedicó su vida a la búsqueda de su hermano o hermana y, junto a su primo Diego, a la reconstrucción de la historia familiar.
El testigo dijo que la muerte de su abuela, ocurrida en mayo de 2012, le permitió por primera vez en su vida, “elaborar un duelo” por primera vez en la vida.
Miguel cerró su testimonio pidiendo a los jueces del Tribunal que los genocidas procesados en este juicio “no accedan a ningún tipo de beneficio por la entidad de los crímenes imputados, que tienen que ver con esta perversidad de la desaparición y la apropiación de bebés, que son crímenes que al no poder resolverse dejan una huella. Y en particular la apropiación es un delito que continúa, una gota que cada día viene a lastimar nuestras conciencias y nuestros sentires. Es inaceptable que puedan estar en prisión domiciliaria o con libertad condicional. Sé que los imputados en esta causa tienen la mayor parte de las respuestas que mi abuela y yo estuvimos buscando a lo largo de toda una vida. Espero que se tome en cuenta este reclamo al momento de expedir sentencia”, finalizó.
OBRERO DEL VIDRIO
El último testimonio de la audiencia fue el de MARÍA MARTA COLEY, hija mayor del obrero y militante del PRT-ERP Manuel Coley Robles, secuestrado en su casa de Quilmes el 27 de octubre del ’76 y visto en el “Pozo de Quilmes” entre fines de ese año y febrero del ’77.
María Marta comenzó contando la historia de su padre, español nacido en Barcelona e hijo de un miliciano republicano. Con ello escapó de la represión del franquismo para venirse a la Argentina a los 16 años en 1951. Andando por Tucumán conoció a quien sería su esposa, y juntos decidieron instalarse en Quilmes. Así llegaron los tres hijos, María Marta, Rosa y Néstor, chicos de 11, 10 y 6 años al momento del secuestro de su padre.
En Quilmes “El Gallego” empezó a trabajar en Cristalería Rigolleau, el emporio del empresario francés León Rigolleau que se había enriquecido vendiéndole envases a las cervecerías de la zona sur desde fines del siglo XIX. La planta de Berazategui, ubicada junto a las vías del ferrocarril Roca, había ampliado la producción a lentes, globos de iluminación y frascos y fue pionera en el empleo del pyrex, material destacado por su resistencia térmica. Allí desarrolló su militancia Manuel como delegado sindical y se vinculó al guevarismo. En la fábrica estaba en el sector de expedición, es decir la entrada y salida de camiones. Manuel y otros compañeros habían formado la comisión interna con la lista naranja, en oposición a la burocracia del Sindicato de Vidrio. En marzo del ’75 la comisión interna había sido intervenida con anuencia del Ministerio de Trabajo y la burocracia nacional del Sindicato del Vidrio, en cabeza del interventor Nicolás Marino. Luego de una insistente lucha se logró que se suspendiera la intervención, se pagaran los días caídos y se discutieran convenios con participación de la Comisión Interna. La hija de
Como ocurrió con muchos otros activistas de la zona, cayó sobre los integrantes de la lista naranja la patronal y la represión: 4 días antes del golpe de Estado del ’76 recibieron el telegrama de despido. Sin trabajo y con estudios primarios terminados en una escuela nocturna, Manuel se dedicó a hacer changas para sobrevivir. Su hija recordó que “desde que se casó y formó la familia se quedó con nosotros. No se fue nunca hasta que se lo llevaron”.
Así fue resistiendo la familia, hasta el 27 de octubre del ’76. Mientras la pareja y los chicos cenaban, a las diez de la noche varios represores ingresaron a la casa por las ventanas del fondo con armas largas y cortas. “A mi papá le ataron las manos atrás con un pedazo de mantel que rompieron y le vendaron los ojos”, recordó María Marta. Además de dar vuelta todo y robar objetos de valor y dinero, a María Marta le quedó grabado que “en un momento se identificaron y dijeron ’no somos chorros, somos el Ejército’”. En verdad fue un operativo conjunto con agentes de la Brigada de Investigaciones de Quilmes que, según reconstruyó luego la familia, ya habían estado rondando por el barrio.
De inmediato el hermano de Manuel, Joaquín Coley, hizo la denuncia en el Consulado de España y luego fue a la Diócesis de Quilmes a hablar con el obispo Jorge Novak. La familia hizo todo lo que pudo por averiguar lo sucedido con “El Gallego”, integraron la Comisión de Desaparecidos Españoles en Argentina, presentaron el caso ante la justicia española y en el Juicio por la Verdad en La Plata. También participaron de distintos homenajes a los trabajadores desaparecidos de la Rigolleau.
Con los años se conoció el testimonio de la sobreviviente María Kubik Marcoff de Leteroff, que dijo haber visto a Manuel en el “Pozo de Quilmes” entre fines de enero y principios de febrero del ’77. Se intuye que antes había sido llevado al CCD de Plátanos en Berazategui. También Gustavo Calotti dijo haber compartido celda en Quilmes con “El Gallego” entre noviembre y diciembre del ’76.
En el año 2009 el Equipo Argentino de Antropología Forense se comunicó con la familia para pedirles muestras de sangre para una posible identificaión de ADN. “Ahí me dieron un informe y me enteré de que lo habían acribillado en la calle. Mucho. De frente y de espalda”, dijo María Marta al tribunal. En la 5ta audiencia de este juicio la integrante del EAAF Patricia Bernardi describió los enterramientos clandestinos detectados en varios cementerios del conurbano, entre ellos el de General Villegas en Isidro Casanova, Partido de La Matanza. Dijo que allí hubo 392 inhumaciones de NN entre el ’76 y el ’80, particularmente en el sector O, tablón 4. Afirmo que en el lugar no había área delimitada de NN y sólo un espacio determinado para personas indigentes. De la tarea allí realizada se detectó un cadáver masculino y otro femenino. En el masculino se establecieron 14 impactos de bala y el hallazgo de algunos proyectiles junto al esqueleto. Con posterior análisis genético se determinó que se trataba de Manuel Coley Robles, sepultado junto a Cecilia Rotemberg, secuestrada el 5 de enero del ‘77 en Isidro Casanova y vista dos días de febrero de ese año en el CCD “Puente 12”.
María Marta finalizó su testimonio leyendo un poema suyo dedicado a su papá que dice: “Te me vas convirtiendo en nebulosa, en un montón de aire, de silencio, en un río perdido sin distancia y sin destino. Ya sos eso sagrado y misterioso, que apenas se lo nombra. Para no transformarlo en algo sólido, para no desplazar del paraíso. Ese lugar donde no están ni los vivos ni los muertos. Únicamente los que existen. Ya estás fuera del mundo, fuera de la vida y de la muerte, del sueño, del sonido y de la sombra. Ahora sos una esperanza”.
El juicio continúa el 29 de junio con más testimonios de familiares de las víctimas y sobrevivientes del Genocidio. Se puede seguir en vivo todos los martes por la mañana por los canales youtube del CIJ y del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.
