TERRORISMO DE ESTADO EN EL TERCER GOBIERNO PERONISTA
Una nueva audiencia del juicio por los CCD de las Brigadas de Investigaciones del conurbano bonaerense contó con el testimonio de Laura Franchi, sobreviviente del Pozo de Banfield en el año ’74 y esposa de Mario Stirnemann, secuestrado y asesinado desde la Brigada Güemes en el ’75. A su vez sus hijas María Laura y Silvina relataron las consecuencias del terrorismo de Estado de las patotas de La Bonaerense en el tercer gobierno peronista.
Por HIJOS La Plata
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QUILMES Y BANFIELD EN 1974
La audiencia comenzó con testimonial de LAURA FRANCHI, sobreviviente del CCD Pozo de Banfield que pasó un mes secuestrada embarazada como detenida desaparecida en ese lugar de muerte entre noviembre y diciembre de 1974, en pleno gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, y que además perdió a su compañero y militante del PRT Mario Alfredo Stirnemann, secuestrado y desaparecido en noviembre de 1975 en Temperley, cuyos restos fueron identificados en 1994 en el sector 37 del Cementerio de Lomas de Zamora.
Laura habló por videoconferencia desde el Consulado argentino en París y, con algunas dificultades técnicas, comenzó aclarando que “es un orgullo estar acá. Este testimonio tarda 45 años en ser escuchado”. Así contó que ella era oriunda de Olavarría pero se tuvo que ir de la ciudad. Su marido, también de Olavarría y empleado de la empresa Loma Negra donde realizaba tareas sindicales, estaba sufriendo persecución política y su cuñado era funcionario del gobernador bonaerense Oscar Bidegain.
Buscando un mejor pasar, con Mario se habían mudado a una casa en Quilmes. El 23 de noviembre de 1974 Laura salió de su casa con su hija María Laura, de 4 años, su panza de tres meses, su cuñado Juan José Stirnemann, una compañera llamada Mercedes Lebozec, y el hijo de ella Homero. Pero la policía los detuvo, los llevaron a la Comisaría de Quilmes, los interrogaron y les dijeron que estaban buscando a Mario. Ya desde entonces la bonaerense les dijo que era un procedimiento contra la subversión y que estaban a cargo de la Policía Federal. En un momento los llevaron al patio de la dependencia donde vieron las pertenencias de su casa desparramadas. Su cuñado fue torturado y su hija fue puesta en una cocina donde efectivos policiales con la ropa manchada de sangre tomaban cerveza y discutían. A ella la interrogaron hombres de civil, le dijeron que estaba acusada de asociación ilícita y tenencia de material subversivo, le preguntaron por Mario en presencia de un médico que le controlaba el pulso. Laura identificó que los roles estaban divididos y el interrogatorio lo realizaron efectivos de la Federal. Luego la pusieron en una celda con un colchón sucio para seguir con los interrogatorios. Desde allí escuchó las torturas que sufría su cuñado y otros presos comunes. Al preguntar por qué había tanto bullicio e interrupciones de electricidad un efectivo de guardia le dijo que los querían obligar a torturar y ellos no querían y que un preso había tenido un paro cardíaco por la tortura. Mucho después de supo que la víctima había sido el marido de Nelfa Suárez, Víctor Manuel Taboada (quien estuvo secuestrado 4 días en el Pozo de Banfield en noviembre de 1974 y luego fue trasladado y asesinado), porque Laura compartió cautiverio con Nelfa en la cárcel de Olmos.
“Era un momento en que se estaba preparando lo que se vino después, donde las prácticas de tortura se estaban incrementando y se pedía la complicidad de todas las fuerzas de seguridad”, reflexionó Laura. Tras una semana en la Comisaría de Quilmes fue trasladada a la Brigada de Investigaciones de Banfield junto a su cuñado Juan José Stirnemann. Allí la bajaron de una camioneta en un estacionamiento y le realizaron un simulacro de fusilamiento. Del ingreso la llevaron a un primer piso con varias celdas donde escuchaba movimientos de personas pero no pudo reconocer a nadie, salvo un policía que dijo estar preso por no aceptar el trato a los detenidos. En verdad se trataba de un represor que le ofreció escaparse y que era un guardia que trataba de quebrar a los detenidos.
En Banfield la llevaron varias veces a una sala al final de unas escaleras donde la interrogaron entre varios represores sobre su esposo Mario con luces sobre su rostro para que no los viera. Así estuvo 10 días y en una oportunidad recibió la visita de un abogado que dijo venir de parte de su familia, pero ella no le respondió ni dio datos. Luego fue visitada por su familia que le contó que su hija estaba shockeada desde la detención en Quilmes y no hablaba. Luego la llevaron a un pabellón donde pudo comunicarse con otros presos por la mirilla y habló con Juan Alejandro Barry, que estaba confinado allí desde el 15 de noviembre del ‘74 , y le explicó que su mujer Susana Mata estaba allí detenida embarazada. Juan José Stirnemann fue llevado de Banfield a la Unidad 9 de La Plata y luego a la cárcel de Azul, tras lo cual fue liberado con severos trastornos consecuencia de las torturas y el encierro sufridos.
Laura Franchi fue trasladada de Banfield a la cárcel de Olmos en diciembre del ’74 y allí pudo volver a ver a su hija. Tras un tiempo también conoció allí a Nelfa Suárez y a Susana Mata, ambas embarazadas. Mata estuvo detenida en Banfield hasta enero del ’75 y luego fue llevada a Olmos, donde dio a luz a su hija Alejandrina y fue ayudada a amamantar por Laura, ya que Susana estaba muy débil. La pareja Barry-Mata, militantes montoneros que son caso en este juicio, fue liberada en el ’75, se mudaron a Rosario y luego a Montevideo, donde fueron perseguidos, asesinados en diciembre del ’77 y enterrados como NN en el cementerio local.
La testigo dijo que fue una espera insoportable porque no sabía si iba a quedar procesada o no y no se imaginaba que iba a pasar casi 7 años detenida. El proceso penal fue irregular porque la condenaron a 3 años de prisión cuando en realidad ya llevaba 4 detenida.
Además relató que fue muy traumática la atención médica recibida durante su embarazo, por la cual llegó a perder un riñón, pese a lo cual dio a luz encadenada a su hija Silvina casi sin complicaciones. Aun así Silvina sufrió problemas de cadera que requirieron tratamiento durante varios años.
Franchi contó que se enteró de la desaparición de su esposo por los diarios, porque leyó en noviembre del año ’75 el seudónimo “Carlos Rodolfo Ludwig” que Mario usaba para evitar la persecución política como herido en un enfrentamiento con la policía en Temperley. Sobre la desaparición de Mario dijo que tanto ella como la familia del militante realizaron habeas Corpus y otras presentaciones que nunca fueron contestadas. “Era un hombre de ideas, sindicalista, que siempre defendió la democracia y la estabilidad institucional, que en ese momento era muy precaria”, definió Laura a su esposo. Fue la hija de Mario y Laura, María Laura, quien realizó la investigación del destino de su padre: se acercó al Equipo Argentino de Antropología Forense y pudo dar con el enterramiento ilegal en el cementerio de Lomas de Zamora, en el sector 37, letra Q, tumba 43 junto a otra persona que luego se determinó que se trataba de un feto anotado como “N. Ledesma”. El cuerpo adulto presentaba lesiones de 5 proyectiles de arma de fuego, uno de ellos en el cráneo. Por comparación antropológica y análisis genético se determinó en 1994 que los restos pertenecían a Mario Alfredo Stirnemann.
Secuestrado el 4 de noviembre del ’75 en Temperley cuando iba caminado al trabajo, el caso de Mario Stirnemann fue parte de la instrucción de la causa 3393/2007 por hechos de los CCD Puente 12 y Cuatrerismo-Brigada Güemes anteriores al golpe de Estado, caratulada “Subzona 1/11” que estuvo sentencia en octubre de 2018 por 125 casos y por los que fueron condenados, entre otros, Miguel Etchecolatz y Federico Minicucci, ambos procesados también en este debate. El caso de Mario quedó por fuera del veredicto porque el subcomisario Fernando Svedas, imputado por el caso, murió impune antes de la sentencia. Pero quedó comprobado el paso de Stirnemann por Brigada Güemes por lo menos hasta el 13 de noviembre del ’75 con otras personas como Washington y Julio César Mogordoy, Noemí Charo Moreno, Norberto Rey, Griselda Zárate y Blanca Frida Becher.
La “Brigada Güemes”, también conocida como “Proto-Banco” estaba asentada en el Puente 12 del Camino de Cintura y Autopista Richieri, de la localidad de La Matanza.
Franchi vivió el golpe de Estado del ’76 desde dentro de Olmos y relató que se sintió el endurecimiento del régimen. Sobre el exilio concluyó que en noviembre del ’76 fue llevada a la cárcel de Devoto, donde sufrió un régimen de encierro de 23 horas por día, se enfermó de avitaminosis por la mala alimentación, y tiempo después consiguió la opción de salida a Francia, donde se reencontró con sus hijas. Para poder salir le exigieron firmar el acta de defunción de su marido para poder llevarse a sus hijas, a lo cual se negó por considerarlo desaparecido. Franchi logró salir del país en febrero del ’81 tras pasar por Coordinación Federal. “Cuando salí me dijeron ‘cuidado con lo que vas a decir porque tu familia queda acá’ ”, dijo la sobreviviente, y agregó que “al llegar a Francia tenía que recuperar a mis hijas que habían quedado en Argentina”, cosa que pudo hacer recién en abril del ’82.
A continuación se escucharon los testimonios de MARÍA LAURA Y SILVINA, las hijas de Laura Franchi y Mario Stirnemann, quienes corroboraron el relato hecho por su madre y agregaron sus recuerdos de la tragedia vivida.
María Laura recordó que el día que detuvieron a su madre ella tenía 4 años y volvían de un picnic en el Delta. Recuerda que su padre estuvo presente y recomendó que volvieran de manera separada por mayor seguridad. Del episodio solo recuerda que fueron rodeados por la policía y los subieron a un vehículo. Agregó que tras el secuestro de su madre sufrió como niña que era una amnesia post traumática, la pérdida del habla y crisis de nervios ante cualquier situación cotidiana, lo que le requirió tratamiento psiquiátrico y le costó mucho superar. Fue a vivir con su abuela materna que trató de acercarla a la religión para superar la situación. Luego pudo volver a ver a su madre presa en visitas de contacto en Olmos, que se cortaron en Devoto y tuvo que ver durante meses a su madre detrás de un vidrio. Además dijo que fue muy traumático reencontrarse con su madre exiliada en París porque estaba acostumbrada a la vida en Olavarría y, ya con 12 años, el hecho significó ser separada nuevamente de parte de la familia con que había quedado. Sobre su padre desaparecido dijo que la familia le había dicho que se había ido a vivir a Brasil con una compañera. “Era una mentira que teníamos que asumir, que mi padre estaba vivo y que nos había abandonado”. Luego de a poco pudo reconstruir la historia de lo sucedido con sus padres, y mencionó que a partir de un hecho traumático que sufrió ya de grande le llegó una imagen de cuando estaban confinadas en la Comisaría de Quilmes fue víctima de un simulacro de fusilamiento de parte de uno de los represores para hacer hablar a su tío Juan José sobre el paradero de su padre. Además dijo que a pesar de ser buena alumna en los estudios siempre le costó mucho tener una proyección de vida, entonces hizo un viaje a Argentina a estudiar antropología, lo que la motivó en la búsqueda de su padre. Tras 4 meses de investigación logró hallar los restos de su padre con el acompañamiento del EAAF. “Como el caso de mi padre no se pudo juzgar porque la causa se dilató tanto que el imputado murió, quería dar mi testimonio porque siento que esta es la primera vez que se hace un poco de justicia por lo sucedido con mi familia”, cerró María Laura.
Por su parte Silvina refirió que tiene muy pocos recuerdos de los primeros años de su vida, y que de niña el mundo le parecía muy ajeno y extraño. “En el jardín de infantes había padres que no querían que jugara con sus hijos porque yo era hija de subversivos”, dijo la testigo, y agrego que “como mi abuela trabajaba mucho y no estaba en casa, con mi hermana nos hicimos un mundo paralelo de niños para refugiarnos de esa situación”. Recordó lo traumático que fue sobrellevar el problema de caderas que tuvo de nacimiento y el tratamiento que tuvo que hacer para no sufrir consecuencias de por vida. Sobre las visitas a su madre en Francia recuerda que como ella estaba acostumbrada a visitar a su madre en la cárcel, aunque no tuviera el vínculo de madre muy claro, le parecía raro que la familia se pusiera emotiva cuando visitaban a su madre en Francia. Pero luego entendió que no era una visita más, sino una situación de exilio que le costó mucho asumir. “Cuando pude abrazarme con mi madre me reencontré con ella y pude dar un sentido a mi vida”, dijo Silvina. Respecto a su padre dijo que no sabía mucho de niña, pero que al reencontrarse con su madre también conoció la historia de su padre y el amor que habían tenido con su madre: “mi cuanto de todas las noches para ir a dormir era que mi vieja me contara cómo se habían conocido con mi padre”. Refirió que su madre le dijo que su padre estaba desaparecido y que eso significaba que estaba muerto, porque trató de explicarle que si para un adulto era complejo entender la desaparición forzada, para una niña era imposible y prefería que lo entendiera así “para poner un límite a esa locura que estábamos viviendo”.
La tragedia vivida por la familia Stirnemann-Franchi en el tercer gobierno peronista tiene consecuencias hasta hoy y es uno de los hechos represivos del genocidio en Argentina que continúan impunes luego de 46 años de historia.
MUCHO POR JUZGAR
La etapa histórica de los hechos que se juzgan en este debate tiene un punto ciego que muchos sectores aún no han terminado de asumir, o directamente ocultan, y que refiere a la represión desatada durante el tercer gobierno peronista entre los años ’74 y ’75. En la causa por el “Pozo de Banfield” hay 14 casos elevados de personas que pasaron por ese CCD como detenidas desaparecidas en el tercer gobierno peronista, entre el ingreso de Lucía Deón en noviembre del ’74 y el egreso de Eduardo Piva en julio del ’75. Está claro que fueron muchos más, pero la justicia a cuentagotas es prolija en su tarea. En esa etapa la Policía Federal estaba conducida por los comisarios Alberto Villar (mayo a noviembre del ’74) y Luis Margaride (noviembre del ’74 a agosto del ’75), hombres del ministro fascista José López Rega. Pero en La Bonaerense conducida por el burócrata sindical de la UOM devenido en gobernador, Victorio Calabró, ya revistaban importantes personajes que tuvieron a su cargo tareas y centros clandestinos de la fuerza durante la dictadura militar como Fernado Svedas, José Félix Madrid, Roberto Anauati, Guillermo Ornstein, Saúl Omar Mansilla, Carlos Tarantino, Juan Miguel Wolk y Enrique Augusto Barré, estos dos últimos imputados en este debate por varios de los casos previos al 24 de marzo del ’76 que integran la acusación.
Está claro que para analizar el genocidio cometido en nuestro país como una práctica social específica tendiente a la destrucción y reorganización de relaciones sociales, hay que remontarse mucho antes del año 76´ en la construcción de un “otro negativo”, o como dice el sociólogo Daniel Feierstein la fase preparatoria del genocidio, que le dio continuidad y señaló “una fracción social que, por representar determinadas relaciones que cuestionan en cierta forma el modelo social dominante, se constituye en el blanco de prácticas tendientes a su eliminación material” (El Genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia Argentina).
Desde fines del año ’73 y comienzos del ’74 entonces existió una la batería de medidas legislativas, directivas, actas y resoluciones que emanaron del propio Estado, en las cuales se direccionó y sustentó la persecución y aniquilación de grupos tachados como opositores al gobierno. Así se intentó otorgar un marco jurídico a la represión que buscaba eliminar cualquier forma de disidencia política, una legalidad que lejos de ser la suspensión de la violencia resultó su consumación. En la tercera presidencia de Perón, se consolida y operativiza toda una serie de medidas tendientes a aumentar la represión legal e ilegal para eliminar a los opositores ideológicos y políticos. Las dos presidencias de Perón y Martínez de Perón constituyeron en palabras de la historiadora Marina Franco un "entramado de prácticas políticas: algunas legales, otras cuya legalidad sólo procedimental se amparaba en la excepcionalidad de la situación, otras clandestinas y otras de carácter intrapartidario confundidas con políticas de gobierno” (Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y subversión, 1973-1976).
El inicio de este proceso de creación del enemigo interno puede rastrarse en los contenidos del Documento Reservado con el que, tras el asesinato de José Rucci, el peronismo decide iniciar un proceso de “depuración” interna con directivas concretas como exigir a todos los grupos o sectores del peronismo a que se expidieran públicamente en situación de guerra contra el marxismo, excluir de los locales partidarios a todos aquellos que se manifiesten de cualquier modo vinculados al marxismo, a sus posiciones políticas o a sus actos, impedir en las manifestaciones o actos públicos los peronistas por todos los medios que las fracciones vinculadas al marxismo tomen participación, la creación en todos los distritos de un servicio de inteligencia enfocado en esta lucha, o bien “la utilización de todos los medios que se consideren eficientes, a voluntad de los dirigentes de cada distrito” (Documento Reservado del Consejo Superior peronista del 1 de octubre de 1973).
En enero del ’74 se aprobó la Ley 20.642 que modificaba el Código Penaly elevaba las penas ya establecidas para volverlas más severas que bajo el régimen militar de Onganía. La jugada buscaba, en definitiva, acentuar el rigor de las penas por delitos políticos. Su debate en el parlamento terminó con la renuncia de ocho diputados de la JP que objetaban dos artículos (149 bis y 213 bis) de la nueva ley, en tanto castigaban las actividades huelguísticas y de asociación que utilizaran la fuerza para su accionar. Las bancas de los diputados fueron ocupadas por representantes del sindicalismo y la derecha del partido.
El 27 de abril del 74´ se sancionó el decreto N° 1.302 firmado por el propio Perón y su ministro de Defensa, Ángel Federico Robledo, el cual prescribía las directivas aplicables para los conflictos denominados “graves”, el nº1 denominado “Topo” y nº 2 denominado “Yacaré”. En el Anexo I del decreto titulado “Directiva para el Planeamiento correspondiente al conflicto grave nº 1 Topo”, se fija el objetivo: “Eliminar las acciones subversivas violentas y no violentas, las causas que las provocan y consolidar espiritual y materialmente al régimen democrático como ámbito de realización integral del hombre”. La misión encomendada al “equipo interministerial coordinado por el Ministerio del Interior” a cargo de Benito Llambí, fue la de “elaborar un Plan plurisectorial que prevea acciones sobre la violencia, sobre sus causas y que tienda a fortalecer los valores del sistema democrático”. Es un documento histórico de gran importancia que revela la opinión que tenía el entonces Presidente sobre las organizaciones armadas y su intención de combatir a la subversión con la ley y de un modo integral, ya no solo militar.
Entre agosto y octubre de 1974 la CNU La Plata comenzaba a operar con asesinatos selectivos de dirigentes obreros, sociales, sindicales y políticos, como fue en los casos de la familia del reconocido dirigente Horacio Irineo Chavez y de los dirigentes de la UNLP Rodolfo Achem y Carlos Miguel. El resto del año’74 y todo el ‘75 se verá el crecimiento sostenido del accionar represivo de bandas paraestatales por lo menos hasta el golpe del 24 de marzo del 1976 cuando fueron las mismas Fuerzas Armadas las encargadas de continuar y profundizar la labor emprendida por el gobierno justicialista.
El 28 de septiembre del ’74 se sancionó la Ley 20.840 de Seguridad Nacional que versaba sobre las “Penas por actividades subversivas en todas sus manifestaciones”. El mismo subtítulo de la ley daba cuenta de que, para las autoridades nacionales, la categoría de subversivo podía ser adjudicada a cualquier persona que actuara, “por razones ideológicas”, fuera de lo establecido por las disposiciones legales imperantes. En ese sentido, la subversión se expresaba en aquellas personas que “para lograr la finalidad de sus postulados ideológicos, intente o preconice por cualquier medio, alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación, por vías no establecidas por la Constitución Nacional y las disposiciones legales que organizan la vida política, económica y social de la Nación”.
En ese marco fue que el 6 de noviembre de 1974, el gobierno nacional decretó el estado de sitio en todo el territorio argentino y tuvo el sustento formal para desatar una represión que ya se venía preparando hacía tiempo.
En el proceso de juzgamiento de los crímenes del genocidio ocurrido en nuestro país en la década del ’70 ya hubo 11 debates con sentencia que juzgaron hechos previos al 24 de marzo del ’76, y no casualmente en ninguno de ellos recibieron condena funcionarios políticos. De hecho, además de los hechos de “Cuatrerismo-Brigadas Güemes”, se juzgaron los hechos de la Masacre de Trelew, el secuestro de una menor de edad por Prefectura en Campana llamada causa “Querejeta”, los crímenes de Gendarmería y la policía salteña en causa “Ríos Ereñú”, algunos de los crímenes de la Triple A conocida como causa “Conti-Villone-Yessi”, secuestros y torturas condenados en la causa “Musa Azar IV” en Santiago del Estero, algunos casos previos al golpe en la causa “Subzona 14 II” de La Pampa y otros en la causa “Saint Amant III” de San Nicolás, así como una parte de los asesinatos de la CNU La Plata y de la regional Mar Del Plata de esa banda fascista. Pero además en algunos debates surgieron casos previos al golpe que aún no han sido siquiera elevados a juicio, como los de Diego Mattheus y un grupo de militantes de la Junta Coordinadora Revolucionaria, detenidos en la Brigada de San Justo entre los años ’74 y ’75.
El juicio continúa el 9 de febrero. Se puede seguir en vivo todos los martes por la mañana por los canales youtube del CIJ y del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.
