LA TRIPLE ALIANZA GENOCIDA
Con la exposición de la investigadora de Flacso Victoria Basualdo, que explicó la complicidad empresarial en el genocidio con detalles expresos sobre las desapariciones de obreros de las firmas Mercedez Benz, Peugeot, Molinos, Saiar y Astillero Río Santiago, entre otras, continuó el debate por las tres principales Brigadas de Investigaciones de la Bonaerense de Camps. El accionar coordinado de la triple alianza genocida representada por las fuerzas represivas, los empresarios y la burocracia sindical quedó expuesta con claridad como elemento disciplinador para frenar la organización independiente de los trabajadores industriales.
Por HIJOS La Plata
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La historia de la organización y lucha independiente de la clase obrera argentina en un proceso que va del Cordobazo de 1969 a la resistencia en la última dictadura genocida ha sido estudiado ampliamente por autores de izquierda como Pablo Pozzi, Patricia Berrotarán, Luis Brunetto, Ruth Werner y Facundo Aguirre en obras como “Estudios inconformistas sobre la clase obrera”, “Resistencia obrera a la dictadura”, “14.250 o paro nacional” e “Insurgencia obrera en Argentina 1969-1976”. En este caso en la audiencia se escuchó la extensa y detallada exposición de Victoria Basualdo, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y también en la unidad de investigación sobre lesa humanidad con motivación económica en la Secretaría de DDHH Nación que conduce el niño Horacio Pietragalla. Licenciada en historia en UBA y doctorada en Columbia, Basualdo realizó la tesis doctoral referida a formas de organización del movimiento obrero industrial entre los ’50 y los ’80, especialmente en la industria siderúrgica y textil. Publicó “Complicidad patronal…”, que puede leerse en
https://flacso.org.ar/wp-content/uploads/2017/03/Responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidad-I.pdf
http://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/10/Responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidad-T2.pdf
Basualdo dejó en claro su intención de pensar a la dictadura no sólo como un proceso represivo sino también como un momento de transformación social y económico del país en las últimas décadas. De allí la importancia de estudiar el rol de empresas y empresarios en la persecución a trabajadores y sindicalistas combativos desde antes del golpe de marzo del ’76. La testigo citó como base de su exposición el trabajo de más de mil páginas titulado “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, publicado por Flacso, el CELS y la Universidad de Misiones en 2015, y donde se estudian 25 casos en 6 regiones del país: en el norte los ingenios de la industria del azúcar ingenios y la empresa de transporte La Veloz del norte, en el centro-sur bonaerense la cementera Loma Negra de Olavarría, en el conurbano norte las firmas Acindar, Ford y Mercedes Benz, y, en lo que interesa especialmente para este proceso, lo referido al conurbano sur con las expericnias del Astillero Río Santiago, Propulsora Siderúrgica, Petroquímica Sudamericana, Swift y Molinos Río de LA Plata. En verdad hubo también muchas otras empresas pequeñas y medianas donde la patronal colaboró con la persecución, secuestro y desaparición de sus trabajadores, como las textiles Alpargatas y Selene, Aceros Pitsburg, las vidrieras Rigoleau y Birmania, varias líneas de colectivos, la fábrica Manina S.A., la agencia de fletes La Estrella y la papelera Massud.
A decir verdad mucho se ha dicho y poco se ha trabajado la voluntad de querellar, juzgar y condenar la responsabilidad empresarial en el genocidio. En algunos casos excepcionales como los del empresario azucarero jujeño Carlos Blaquier del Ingenio Ledesma, y del dueño de medios bonaerense de La Nueva Provincia Vicente Massot, se los ha procesado y luego apartado de las investigaciones por presión política o defección judicial. La excepción a la regla es el dueño de la empresa de transporte salteña La Veloz del Norte Marcos Jacobo Levín, quien fue procesado en 2 causas, condenado a 12 años en 2016 en una de ellas por el caso de un chofer y delegado de la UTA, y luego recientemente vuelto a procesar como instigador de los secuestros y torturas sufridas por 17 de sus empleados.
La investigadora destacó que en el trabajo relevado sobre 25 empresas en todo el país se detectaron 900 víctimas de la represión, de las cuales 65 fueron asesinadas, 450 sufrieron secuestros y torturas o exilio y 354 están desaparecidas. En ese accionar se detectó la reiteración de prácticas empresariales represivas que evidencian que en el 88% de los casos se dio el secuestro en lugar de trabajo, en el 76% la entrega datos privados a fuerzas represivas, pedidos de detención de obreros realizados directamente por la empresa, además de aportes económicos a la represión y el uso de vehículos oficiales de las empresas para los operativos de secuestro. Basualdo definió la relación entre empresarios y represores “no como de instigación ideológica, sino como un involucramiento directo en la tarea represiva”. Así describió lo que aún existe en la memoria cruda de ex obreros de los ’70: el despliegue de las Fuerzas Armadas con personal y móviles en las plantas fabriles, la transformación de una lógica de control productiva fordista en un espacio militarizado y hasta la existencia de centros clandestinos dentro del predio de varias empresas. “No hubo complicidad, sino responsabilidad concreta”, sentenció Victoria Basualdo.
CINCO EJEMPLOS
Para comenzar el detalle de casos Basualdo expuso sobre la MERCEDES-BENZ ARGENTINA, filial de la multinacional alemana Daimler Benz instalada en 1951 primero en San Martín y después en González Catán, empresa que producía motores, camiones, combis, camionetas, unimogs y que para mediados de los ’60 era una de las 20 empresas de mayores ventas en el país y concentraba el 90% del mercado local de autobuses.
Con 4 mil empleados en su mayor auge y salarios que superaban el promedio en toda la industria, la empresa incrementó su producción al 100 % entre el ’68 y el ’71.
Según Basualdo la Mercedez Benz tuvo 17 trabajadores víctimas directas de la represión, 15 desaparecidos, y todos ellos militantes sindicales.
En lo que importa a este juicio, la represión en Mercedez Benz se cobró las desapariciones de Víctor Hugo Ventura y Esteban Alfredo Reimer, ambos delegados de la comisión interna de Mercedes Benz secuestrados el 5 de enero del ’77 y vistos en el CCD “Infierno” entre ese día y el 15 de febrero del mismo año por el sobreviviente Adolfo Manuel Paz, que compartió cautiverio con los obreros.
La esposa de Reimer, María Ramos, declaró en el Juicio por la Verdad en agosto de 2000 y contó que a mediados de los ’70 había una creciente organización obrera en la fábrica y que su esposo y Ventura formaban parte del llamado “Grupo de los 9”, en referencia al grupo de delegados por sección que levantaba todas las reivindicaciones de la base y tenía una confrontación directa con la conducción del gremio en cabeza de del Sindicato de Mecánicos y afines del Transporte automotor (SMATA). Agregó que a raíz de una serie de despidos se generó un proceso de lucha por la reincorporación, que fue respondido con el cese de la relación laboral del “Grupo de los 9” y la puesta en disponibilidad de otros 400 obreros. Con ello se llegó a un plan de lucha con huelga y toma de instalaciones que hizo que la empresa aceitara el esquema represivo y descabezara al sector sindical combativo.
En el Juicio por la Verdad también declararon los gerentes de personal y de producción de la fábrica, Juan Ronaldo Tasselkraut y Arnaldo Ceriani. Al ser consultado sobre la relación entre la disminución del conflicto en la fábrica, el aumento de la productividad y la desaparición de obreros y militantes, Tasselkraut respondió: “Y... Milagros no hay”. La frase dio marco al trabajo de la periodista alemana Gabriela Weber en el libro “Los desaparecidos de Mercedes Benz” y documental “Milagros no hay”, donde demuestra de manera contundente las relaciones entre el gobierno, la burocracia sindical del SMATA y la cúpula de la empresa. En octubre del ’75 Carlos Ruckauf había firmado como Ministro de Trabajo, junto al gabinete en pleno del gobierno de ItaloLuder-María Estela Martínez,el decreto de “aniquilamiento de la subversión en los centros industriales”, que creó el Consejo de Seguridad Interior como antesala del esquema represivo de la dictadura.
Basualdo definió el caso como muy estudiado, ya que desde Conadep y el Juicio a las Juntas aparecieron testimonios sobre la represión en Mercedes Benz, pero señaló que recién desde los Juicios por la Verdad comenzó a profundizarse en lo sucedido. La causa por delitos de lesa humanidad den Mercedes Benz se inició en 2002 y desde 2019 está en curso en San Martín el debate por una parte de los crímenes de la empresa juzgados en un tramo de la causa Campo de Mayo. Además hay una investigación en el juzgado de Alicia Vence sobre la responsabilidad de directivos de la empresa, la cúpula del SMATA y funcionarios civiles de la dictadura.
Basualdo señaló que a consecuencia del accionar represivo, la situación en la fábrica comenzó a alterarse significativamente ya desde fines de 1975. El SMATA, conducido por José Rodríguez, había firmado un convenio con las empresas automotrices, que entró en vigencia en Mercedes Benz el 21 de julio del ‘75, estableciendo que el 1% del precio de venta de cada vehículo se dedicaría a la formación de un fondo extraordinario para la “erradicación de elementos negativos” de la fábrica. Este fondo sería administrado por la dirección de SMATA sin auditoría alguna, a cambio de que la propia entidad supuestamente representativa de los trabajadores se encargara ella misma de garantizar su represión efectiva. Luego del golpe militar de 1976 se sucedieron los secuestros de trabajadores y activistas en la planta.
La historiadora de Falcso explicó que de los diecisiete trabajadores de Mercedes Benz Argentina que fueron secuestrados durante la última dictadura, sólo tres volvieron a aparecer. Juan José Martín, Héctor Aníbal Ratto y Alfredo Martín. El primero fue detenido en su puesto de trabajo en la sección de bielas en abril de 1976 en la fábrica Mercedes Benz, encarcelado y torturado en la comisaría de San Justo, para ser finalmente liberado diecinueve días después. Ratto fue secuestrado en agosto de 1977 también en la fábrica por un grupo armado perteneciente al Ejército Argentino, permaneció en cautiverio clandestino y bajo tortura en la Comisaría de Ramos Mejía y en Campo de Mayo, recuperando la libertad en marzo de 1979). Un tercer sobreviviente es Alfredo Martín, un supervisor de la planta que fue detenido en diciembre de 1976, torturado por Rubén Lavallén en la comisaría de San Justo y liberado horas después. El caso del genocida y apropiador Rubén Luis Lavallén, apropiador de la hija de desaparecidos Paula Logares-Grinspon, ilustra la profundidad de la relación de la empresa con las fuerzas represivas. Lavallén estuvo a cargo durante los primeros años de la dictadura del comando de la Brigada de Investigaciones de San Justo, sede de un centro clandestino de detención. Fue positivamente identificado por la esposa del obrero de Mercedes Benz, Alberto Gigena, como uno de los secuestradores de su esposo, quien nunca volvió a aparecer. Con esta foja de servicios, Lavallén fue contratado por Mercedes Benz en 1978 como encargado de la seguridad y vigilancia de la planta de González Catán. Un dato no menor es que Mercedes-Benz tenía como principal cliente al Ejército Argentino, quien compraba a la firma los camiones Unimog. De acuerdo a información proporcionada por personal gerencial de la empresa, la empresa donó, como parte de sus atenciones al ejército, equipamiento obstétrico para ser utilizado en Campo de Mayo. Las únicas instalaciones de obstetricia presentes en dicha dependencia militar eran ilegales y fueron montadas para llevar a cabo los partos clandestinos de mujeres desaparecidas.
La utilidad de estas prácticas represivas se hizo patente al cesar abruptamente los reclamos en torno a la democracia sindical y las críticas a las estructuras sindicales existentes; acompañando a ello la imposición de condiciones laborales y ritmos de producción deseados por la dirección de la empresa. Las prácticas de recorte de plantel, aumento incesante de los ritmos de producción, entre otras, son prácticas habituales para el empresariado, pero habían sido limitadas y eliminadas debido a la creciente organización del movimiento obrero y a la sanción de leyes protectoras de los derechos conquistados por este. Solo bajo la nueva relación de fuerzas, cuyo puntal fue el terrorismo de Estado y la nueva “legalidad” impuesta, la situación cambió abruptamente.
La represión tuvo su efecto concreto en el terreno de las condiciones de trabajo y contratación. La empresa logró imponer los premios a la productividad largamente resistidos por los trabajadores, dispuso de la potestad para despedir empleados incluso por motivo de reclamos laborales, logró limitar estos a cuestiones netamente defensivas como el aumento de salarios acorde a la inflación y la reincorporación de personas despedidas e implementó un plan sistemático de reducción del personal. Finalmente, Mercedes-Benz aprovechó el terrorismo de Estado para obtener beneficios tanto en el orden productivo como en el orden de los negocios. Esencialmente la empresa participó del proceso de estatización de deudas privadas, transfiriendo obligaciones por 92 mil millones de dólares.
Basualdo también desarrolló sobre el caso de MOLINOS RÍO DE LA PLATA, empresa del Grupo Bunge y Born fundada en 1902 con unas 12 filiales en todo el país y su planta principal ubicada en Avellaneda, dedicada a la producción de harinas y aceite comestible. Vinculada a la colonización agrícola del norte argentino llevado adelante por este grupo empresario, durante y después de la dictadura se convirtió en una de las empresas más grandes del país a partir de la adquisición de diversas marcas de alimentos, la tecnificación de sus plantas fabriles y la reducción de sus costos de producción. Con 4 mil empleados para 1980, un promedio del 20% de la facturación de la empresa provenía de la comercialización en el mercado externo de subproductos de la molienda de trigo y la elaboración de semillas oleaginosas que no eran absorbidos por el mercado local. Así uno de los objetivos trazados por la empresa fue aumentar ese porcentaje de exportaciones. Para ello la empresa tuvo 27 trabajadores víctimas de delitos de lesa humanidad; 21 se encuentran desaparecidas, 4 fueron asesinadas, una sobrevivió al operativo y una niña fue víctima de apropiación.
La especialista de Flacso destacó el operativo del 7 de julio del ’76 donde varios integrantes de las fuerzas represivas ingresaron a la fábrica, retiraron las tarjetas de los delegados y secuestraron a un grupo de trabajadores previamente señalados por los directivos. Todas las víctimas tenían en común un fuerte protagonismo gremial y sindical. Bien sea como miembros de la comisión interna o como activistas, lideraron desde 1973 una serie de medidas de fuerza para exigirle a la empresa mejoras en las condiciones de trabajo. También formaron parte de sus reclamos el cumplimiento de las leyes de abastecimiento y control de precios del tercer gobierno peronista.
Durante la dictadura los directivos de la empresa fueron Carlos Alberto Jacobi, Luis María Matheu, Enrique Leonardo Zweegman, Ricardo Néstor Gastaldi, Osvaldo Rubén Rosato y Néstor Mario Rapanelli. La contratación era de dos tipos: formalizados y contratados por tres meses que al terminar el plazo eran echados y se renovaba masivamente el personal.El régimen laboral era “hasta que el capataz dijera que nos fuéramos”, sin final fijo de jornal, horas extra, baños, vestuarios ni ducha, y en la planta de Avellaneda ese conflicto se expresó en la lucha por tener el control del Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera. En 1973 asume la conducción de la comisión interna de la planta la agrupación “17 de Octubre”, vinculada a la JTP- Montoneros y a cargo de Marco Augusto Vázquez, quien derrotó a la burocracia de la lista celeste. Ya en el tercer gobierno peronista la inteligencia policial, a través de la DIPPBA, tenía bien identificados a los delegados combativos, entre ellos Vázquez y Avelino Freitas, ambos desaparecidos. Desde el golpe militar varios trabajadores fueron secuestrados por horas y golpeados al interior de la planta por personal de seguridad.
Ante el hostigamiento varios de los obreros más activos renunciaron a su trabajo por miedo a que se tomaran represalias contra ellos. Finalmente ocurrió el secuestro de Avelino Freitas el 1 de julio del’76, cuando esperaba el colectivo para ir al trabajo. Una semana después se dio el secuestro masivo en la propia fábrica, con listas proporcionadas por la empresa y constatando la llegada del personal con las tarjetas de ingreso. Los trabajadores Santos Ojeda, Francisco Fernández y Roberto Rivolta fueron detenidos en ese operativo y hoy se encuentran desaparecidos. También fue secuestrado Fermín González quien, según los testimonios, pudo escapar arrojándose fuera del camión en el que iba. En la misma jornada del 7 de julio Ricardo Almaraz y su esposa fueron secuestrados en su domicilio.
En los meses siguientes a ese operativo se realizaron una serie de secuestros que incluyen a la comisión de delegados y activistas de la empresa. En lo que importa a este debate, en agosto de 1977 se produjeron los secuestros de Alfredo Patiño —apodado “Flaco Tito” y que todavía tenía un vínculo laboral con Molinos— de Juan Omar Durante, de José Vega y René Albornoz, quienes ya habían dejado de trabajar en la empresa. Patiño, aún desaparecido, fue visto en el Pozo de Quilmes entre el 12 de noviembre del ’77 y el 21 de febrero del ’78 por los sobrevivientes Rubén Schell y Alcides Chiesa, entre otros.
Tiempo después se llevan a Carlos Robles y su esposa Martina Concepción Espinoza en la calle. Ambos fueron vistos en el Pozo de Quilmes entre mediados de noviembre del ’77 y comienzos de mayo del ’78 por los sobrevivientes Chiesa, Alberto Derman, Roberto Laporta, Alberto Lucero y los hermanos Favazza. Patiño y Robles habían trabajado y militado juntos en la Siat, empresa del grupo Techint, antes de Molinos y la inteligencia militar lo sabía. El 5 de diciembre del ’77 fue secuestrada Graciela Vitale, quien trabajaría en el área administrativa de la planta. Por último, en julio de 1978 fueron secuestrados Héctor Vidal y su esposa, Marta Inés Ávila, en el domicilio de la madre de Ávila.
Con todos estos trabajadores la empresa Molinos ocultó el fin del vínculo laboral para encubrir los secuestros. Pero según los libros de la propia empresa a partir del ejercicio con cierre en julio del ‘76, dejaron de soportar pérdidas por más de 51 millones de pesos a obtener ganancias en los dos períodos siguientes por más de 133 y 111 millones de pesos respectivamente. Hecha la tarea represiva se dedicaron a las ganancias extraordinarias.
En lo que respecta al ASTILLERO RÍO SANTIAGO y su planta de Ensenada, empresa estatal cuyos obreros tenían una gran actividad sindical y cuenta con una gran cantidad de víctimas de delitos de lesa humanidad (70 trabajadores), 24 de los cuales fueron secuestrados y liberados, 32 continúan desaparecidas y 13 obreros fueron asesinados, además de otros trabajadores que fueron perseguidos por su actividad sindical. Hay que tener en cuenta la interdependencia que la fábrica tenía respecto a la Armada, ya que las instalaciones y las dependencias de la fuerza armada estaban en el mismo corredor naval, y varios delegados habían pasado primero por el Liceo Naval y luego por la Escuela de Oficios de la empresa.
Aquí se ve la puesta en práctica por la Armada ya desde noviembre de 1975 del llamado Plan De Capacidades o “PLACINTARA”, implementado por Emilio Massera como jefe máximo y Luis María Mendía como Comandante de Operaciones Navales, en la zona a través de la Fuerza de Tareas 5. Tal el caso de Mario Pelaez, delegado de la sección maniobras del ARS que sufrió secuestro y torturas en el BIM 3 tres meses antes del golpe de Estado, lo que da cuenta que el accionar represivo, la inteligencia, los medios y el circuito de lugares de detención ya estaban planificados y en pleno funcionamiento previo al golpe. El director del Astillero era el capitán de navío Enrique Carranza, titular de Astilleros y Fábricas Navales del Estado (AFNE), en los períodos '63/'76 y '84/'86, y muerto impune en 2008. Basualdo definió a la plata del ARS como una “unidad operativa de la represión con la FT5 de la Armada”.
Parte de los hechos cometidos en el ARS, al igual que en las plantas de fábricas de la zona como Propulsora Siderúrgica del grupo Techint, la Destilería de YPF y el Frigrorífico Swift, fueron denunciados, juzgados y condenados en La Plata en 2015 en el proceso conocido como “FT5”, donde por primera vez se condenó a un grupo de 8 marinos por crímenes perpetrados en los CCD Escuela Naval, BIM3, Liceo Naval y Prefectura, y por el delito internacional de Genocidio.
En lo que importa a este debate sobre las Brigadas de Investigaciones del conurbano sur se destacan los casos de Miguel Ángel Soria y Alberto Derman. Soria fue técnico electricista y delegado, fue dejado cesante. Secuestrado el 6 de junio del ’76 en su casa de La Plata y visto en el CCD “Infierno” por Raúl Horacio Codesal, entre el 12 y el 20 de julio del mismo año. Los restos de Miguel Ángel aparecieron en Ciudadela y tenían múltiples heridas en cráneo, húmero y fémur compatibles con pasaje de proyectil de arma de fuego.
Derman era delegado en el ARS hasta el golpe de estado y ante la represión debió buscar trabajo en tareas de mantenimiento en otras metalúrgicas. Fue secuestrado dos veces entre octubre y noviembre del ’77 y llevado al Pozo de Quilmes junto a su esposa Cristina gioglio, luego trasladado a la Comisaría 8va de La Plata y blanqueado en la Unidad 9.
Al igual que en otras fábricas, en ARS – que llegó a tener 5mil empleados en planta permanente y 3 mil contratados de tercerizadas y capacidad de producción de hasta 200 mil toneladas de porte bruto- se vivieron despidos masivos y autoexilios, secuestros en la puerta de la planta con listas en mano, traslados en lanchas y camionetas de la patronal de la Armada, todo como respuesta a las luchas por condiciones de trabajo en medio de nuevas exigencias productivas. Pero también se dio la lucha política en las Coordinadoras de Gremios, Comisiones Internas y Delegados en Lucha que levantaron la reivindicación por la homologación de la ley de contratos de trabajo en las jornadas de junio y julio del ’75 con la consigna “14.250 o paro nacional”. A nivel sindical la disputa era entre dos sectores claros en el Cuerpo de Delegados: la burocracia de ATE Ensenada que según los trabajadores “quedaba siempre atrás de los conflictos”; y los combativos, no reconocidos y perseguidos por el gremio. El sobreviviente Pelaez rememoró en el juicio “FT5” que ATE Ensenada “defendía al gobierno de Isabel contra los trabajadores, y como yo era opositor y tenía un enfrentamiento con Juan Horvat (Secretario General de ATE Nacional) porque le había ganado una pulseada en la lucha por la Ley 14.250, no hicieron nada por mi liberación”. Pero el señalamiento de la complicidad de la burocracia no fue sólo político, ya que el testigo contó que en una ocasión, mientras estaba detenido junto a Ana María Nievas (delegada de Astilleros) en la comisaría de Ensenada, se presentó el secretario de ATE local, Juan Carlos Marín, y ante el pedido de que interviniera por ellos los sindicó como “Montoneros” ante los captores y se desentendió del tema. Hasta hace poco Marín siguió siendo parte de la conducción de ATE en un puesto de Secretario de Finanzas en Nación y en el Centro de Jubilados y Pensionados en Ensenada. Distinta fue la suerte de Pelaez, que tuvo que empezar de nuevo tras ser liberado y sufrió 11 operativos de la Armada en su casa en que le robaron todo. La anécdota es en realidad símbolo del intento de vaciamiento del Astillero y de liquidación de la industria naval local que se vivió desde los ’70 a la fecha.
El relato de Basualdo prosiguió con detalles acerca de la fábrica PEUGEOT ubicada inicialmente en el partido de Berazategui y productora del modelo 403, la cual cuenta con 9 trabajadores víctimas de delitos de lesa humanidad que están en la causa, Santos Boria, los operarios italiano Doménico y Felipe Favazza, Luis Horacio Fernández, Enzo Fiore, Jorge Guidi, Guillermo La Rosa, Alberto Maly, Eduardo Rosen.
Este grupo de trabajadores fue secuestrado en serie a fines del ’77 y confinado en el Pozo de Quilmes: Doménico Favazza y Fiore entre septiembre y diciembre del ’77, Fernández y Felipe Favazza por 4 días en septiembre del ’77, Maly entre septiembre del ’77 y febrero del ’78, Santos Boria entre septiembre del ’77 y mayo del ’78 y Guidi entre noviembre del ’77 y mayo del ’78, con un paso de 1 día en diciembre del ‘77 por el “Pozo de Banfield”. Eso en el caso de los sobrevivientes. La Rosa, apodado “Kung Fu” fue secuestrado xxx y visto en Quilmes hasta fines del ’77. Continúa desaparecido. Rosen, apodado “el Colorado Aceitero” era técnico en electrónica y empleado eventual en mantenimiento de Peugeot, fue secuestrado el 16 de septiembre del ’76 y visto en el “Pozo De Quilmes” por Fernando García y Alberto Maly entre mayo y septiembre del ’77. Maly testimonió haber visto el cuerpo de Rosen, antiguo militante de la JP Lanús proletarizado como activista fabril, sin vida en la sala donde estaba siendo torturado en septiembre del ‘76.
Basualdo explicó que la empresa fabricaba el modelo 403 con partes importadas y luego pasó a incrementar la producción con el modelo 504. Más tarde se unió con la Fiat Concord y mudó su planta a El Palomar, para concluir como la firma Sevel de gestión de la familia Macri.
Según Basualdo la empresa pasó del auge de 6 mil trabajadores en el ‘74 a la caída laboral en el ’79, lo que significó un derrotero desde la estabilidad laboral con mejoras salariales al derrumbe del salario real y la pérdida de derechos con aumento exigencias laborales y producción. Entre los conflictos laborales más destacables se encuentran los hechos de abril del ’78, una protesta con incidentes producto de la persecución a los empleados, y varias acciones de los jornalizados en el comedor de la planta.
En agosto de 2004 declaró en el Juicio Por la Verdad Roberto Guidi, hermano del sobreviviente Jorge Guidi y afirmó que : “mi hermano desapareció porque se habían llevado a un delegado de Fábrica y él interpeló al Director que era francés y el Director le contestó que él a los subversivos no les tenía compasión. Entonces parece que mi hermano le contestó mal o lo insultó o algo le habrá dicho y a los pocos días desapareció también”.
En julio de aquel año también declaró Alberto Maly, supervisor de mantenimiento en la Peugeot quien expresó que para el año ‘76 “se había notado que se habían acelerado las líneas de producción, había crecido la cantidad de coches fabricados en los meses, si mal no recuerdo, Octubre, Noviembre, habían aumentado en casi cuarenta coches por día, es decir siempre con el mismo personal y con los mismos medios, entonces cómo se podía hacer eso, acelerando las líneas de producción y tomándoles, exigiéndoles más esfuerzos a los operarios, entonces en compensación se pedía una mejora salarial y se consiguió el pago de vacaciones para esposa e hijos, paquetes de víveres para familias tipo, como para recibir una compensación a cambio de la mayor producción”. Además Maly agregó que primero lo sedujeron para colabroar y al negarse sufrió el secuestro y la tortura:“nuestro Secretario General era un militar en ese momento, el Interventor y ese Señor me llamó a colaborar con él, incluso me ofreció un puesto dentro del Sindicato, un puesto de importancia, me quería como Secretario Ejecutivo dentro del Sindicato a la par de él. La cosa era que me negué porque mis principios no me lo permitían, de ninguna manera, si estoy hablando de vergüenza ante ustedes en este momento, más grande fue mi vergüenza en ese, no podía ponerme yo a la par de quienes nos habían mancillado el sindicato”.
Basualdo concluyó su exposición con lo referido a la fábrica de termotanques y calefones SAIAR de Quilmes, que inicio actividades en 1947 y pertenecía al grupo Garovaglio-Zorraquín. Allí hubo al menos 9 casos de trabajadores secuestrados e incluidos en esta causa: Raúl Horacio Codesal, Nicolás Adán Barrionuevo (miembros de la comisión interna y delegados), Luis Adolfo Jaramillo, Francisco Domingo Orellana, Héctor Alberto Pérez, Gerardo Tomás Carrizo, Jorge Varela y Héctor Tomás Campepadros y su esposa Adriana Patricia Sotelo.
El 3 de abril del ’76 hubo una inspección militar en la fábrica y se llevaron detenidos a un grupo de trabajadores, entre ellos Barrionuevo y Codesal, que eran delegados de la UOM, y fueron recluidos en el Pozo de Banfield entre junio y julio de ese año junto al sobreviviente Marcos Alegría, entre otros, y luego pasados a la Brigada de Lanús hasta agosto de aquel año. Más tarde siguieron con el resto del grupo de trabajadores combativos. En el caso de Jaramillo, trabajador de origen chileno que no era delegado ni militante político pero activaba mucho en defensa de sus compañeros, se le tendió una trampa para cobrar indemnización y fue secuestrado el 29 de noviembre del ‘76. Tras pasar por el CCD “El Infierno” de Avellaneda, su esqueleto fue hallado en el sector 134 del cementerio de esa localidad. Según el análisis del EAAF presentaba ausencia de maxilares y fue identificado en 1990 con la ayuda de las prótesis dentales que aportó su esposa al EAAF.
Héctor Alberto Pérez, militante del Partido Comunista, fue secuestrado en la casa de sus padres en Quilmes en abril de 1976. Los padres no estaban, los vecinos vieron que los secuestradores llevaban armas largas y les ordenaron apagar las luces de sus casas. Partieron la puerta de la casa familiar y se llevaron a Héctor encapuchado. Héctor fue llevado al CCD “Infierno”, donde había confinados otros trabajadores de Saiar como Luis Jaramillo. Los restos de Héctor fueron hallados por el EAAF desperdigados en huesos mezclados de 9 bolsas diferentes en el cementerio de San Martín. También presentaba lesiones en cráneo por pasaje de proyectil de arma de fuego y ayudo a la identificación una desviación en la columna que sufría la víctima. Por vía genética se lo identificó en 2010.
En este caso fue central la responsabilidad del gerente de relaciones laborales Juan Manuel Martínez Riviere y del teniente coronel Guillermo Antonio Minicucci, reconocido por Codesal como uno de sus torturadores en el CCD "El Banco" y como uno de los militares que frecuentemente concurrían a la fábrica para coordinar la represión. Martínez Riviere declaró en julio de 2003 en el Juicio por la Verdad y afirmó que “tuve una muy buena relación con sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica, las políticas que se llevaron a cabo fueron las que el Gobierno planteaba en ese momento, fuimos muy respetuosos de las políticas salariales que el Gobierno implantó y las cumplimos”. Eufemismos aparte, el caso Saiar muestra a las claras la coordinación represiva que , en boca del propio Martínez Riviere “el 1 de Julio del 76, matan al Gerente de Fábrica de Saiar, al Ingeniero Bellozo, a la salida de su casa en Adrogue y nos llama éste Señor Minicucci, nos llama para preguntarnos que había pasado (…) me llevaron detenido en función que el oficial a cargo, digamos, creyó que le estaba faltando el respeto y entonces me dijo que yo también me iba con ellos, y me llevaron y me demoraron cuarenta y ocho horas (…) me condujeron a una Comisaría de Quilmes, no quiero faltar a la verdad, no sé si fue la Primera, la Segunda, la Tercera, pero fuimos a una Comisaría de Quilmes... eh, nos pusieron en una celda, nos tomaron declaración, les expliqué que yo era el Gerente de Personal de la Fábrica, no, no lo entendían, bueno , después lo entendieron y me dejaron en libertad”.
El marco de liquidación de conquistas obreras y agilización de los tiempos de producción en que se produjo el genocidio de la clase trabajadora argentina no puede entenderse si no se comprende el agotamiento del esquema de “empresariado nacional” en que se había apoyado el tercer gobierno peronista en el período del ministro José Gelbard, y se balancea con el corrimiento hacia el empresariado local y multinacional más grande, dispuesto a jugar la carta del ajuste económico. Tampoco si se obvia el papel de la conducción gremial de la CGT en su oscilación del acuerdismo a la movilización, únicamente explicable por la presión de las bases obreras que impugnaban el derecho del Estado a fiscalizar las paritarias y someterlas a las necesidades de la política económica, como quedó claro en los hechos del “Rodrigazo” en 1975. Fue clara la resolución de este problema de acuerdo a las aspiraciones de la élite empresarial y, con seguridad, motivación del golpe de Estado del ’76. Los límites del proyecto de la burocracia sindical peronista y el reagrupamiento de los sectores reaccionarios del empresariado hacia las Fuerzas Armadas enmarcaron el proceso del genocidio que vino a cortar una seguidilla de luchas desde abajo con la acción de la triple alianza militar-empresaria-burocracia sindical a favor de los sectores dominantes. Más de 40 años después la clase trabajadora no ha logrado dar vuelta ese proceso, pero puede empezar por conocer su propia historia para seguir intentándolo.
El juicio continúa todos los martes de diciembre de 2020 y enero de 2021. Se puede seguir en vivo por los canales youtube del CIJ y del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.
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